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18 de enero de 2023, 4:00 AM
La primera carta fue enviada el 5 de enero y no tuvo respuesta, pero el lunes insistió. El vicegobernador, Mario Aguilera, formuló así tres consultas para conocer el criterio y el “análisis” del presidente de la Asamblea Legislativa Departamental, Zvonko Matkovic, sobre el “alcance” de “la ausencia temporal” del gobernador, Luis Fernando Camacho, y el “procedimiento” frente a este escenario.
El requerimiento destapó un debate en el Legislativo cruceño en medio de nuevas tensiones al interior de la alianza Creemos, fundada, precisamente, por Camacho. Desde varios sectores alertaron de “pugnas de poder” y es un criterio al que se sumaron asambleístas regionales del MAS. Eso sí, este partido descartó, de momento, la estrategia legal para tomar el control de esa entidad.
Por eso, la asambleísta Paola Aguirre (Creemos) señaló al ministro de Justicia, Iván Lima, como el responsable de promover “un golpe” contra la Gobernación cruceña. Además, afirmó que si “el señor vicegobernador hizo las cartas fue porque está amenazado por acciones penales”. Descartó, de este modo, que exista la “vacancia” para que Luis Fernando Camacho sea reemplazado.
“Esta carta llegó a la comisión de turno cuando nos encontrábamos en receso legislativo y, por tal motivo, se difirió su tratamiento para que se trate una vez que se reanuden las actividades legislativas y eso sucedió el pasado 13 de enero. Por eso la respuesta está pronta a darse”, explicó Aguirre, poco después de descartar un debate al interior del Legislativo sobre la figura del interinato.
“La Asamblea no tiene pito que tocar”, enfatizó la legisladora tras entregar las explicaciones a nombre de Zvonko Matkovic, quien ayer no salió a fijar su postura.
La consulta formal de Aguilera guarda relación con los artículos 25 y 26 del Estatuto Autonómico de Santa Cruz y se la hizo en el contexto de la reclusión de Luis Fernando Camacho en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro.
La autoridad llegó allí bajo cargos de “terrorismo” en el caso que las autoridades judiciales y del Gobierno llaman “golpe de Estado I” y que tiene que ver con la crisis política de 2019 que se zanjó con la renuncia de Evo Morales a la presidencia tras denuncias de fraude en las elecciones generales que tuvieron lugar en ese año.
El 13 de enero, durante la inauguración del periodo de sesiones 2023 de la Asamblea Legislativa Departamental, Aguilera condenó la detención de Camacho, pero también se refirió al papel que debe jugar en la administración del departamento.
“Hay que dejar claro que, desde la posición en la que me encuentro, no me ofrezco ni me excuso. Estoy firme para los compromisos que hemos asumido en esta gestión de la Gobernación. Estoy para cumplir con el rol que el voto me ha dado”, señaló y aclaró que, mientras no exista “autoridad competente” que diga lo contrario, seguirá en su cargo.
Cuando hizo ese pronunciamiento, Aguilera ya esperaba respuesta a la carta del 5 de enero; el 16 volvió a consultar a Matkovic. El presidente del legislativo cruceño no se pronunció ayer, pero había denunciado, en varias ocasiones, la intensión del MAS de controlar la entidad que dirige “con la revocatoria de mandato de los cinco representantes de los pueblos indígenas”. Precisó que la estrategia se aplicó siete veces.
La entidad legislativa está compuesta por 28 asambleístas, 15 son por territorio, ocho por población y cinco escaños indígenas. El MAS tiene una representación de 11 legisladores y la alianza oficialista Creemos 11, pero logró la gobernabilidad en función de un pacto con Asip y representantes indígenas que tienen un papel clave.
Desde el MAS creen que Camacho provocó “una fractura” en la Gobernación. “Si ha habido una reconsulta es porque no ha habido la intención de responder. Esa nota pudo haber sido tratada en la Asamblea, pero no se lo hizo”, sostuvo ayer la asambleísta Raquel Valencia de la bancada azul.
“Esto nos muestra que hay intereses para que no asuma Aguilera. Es un tema de intereses entre las personas que manejan el Ejecutivo. Hay tensiones que nos van a perjudicar a todos”, añadió.
En este contexto, presentó una demanda contra Matkovic, Aguirre y la asambleísta Keila García, por “acoso político” y “secuestro”, cargos que tienen que ver con los incidentes del 13 de enero y que se produjeron tras la sesión inaugural.
Pero, ese día, Matkovic se quedó junto a legisladores del MAS y los ayudó a dejar el edificio que estuvo cercado por grupos de personas que salieron a protestar contra la represión policial y la forma en la que actuó la justicia.
Por su lado, el diputado Rolando Cuéllar (MAS), quien pertenece al ala “renovadora” de su partido, afirmó que el Gobierno dejará que el tema se resuelva en marco de la autonomía regional.
“Dejaremos el asunto del interinato en manos de la Asamblea para que ellos apliquen los estatutos autonómicos y nosotros ya no vamos a procesar al gobernador Mario Aguilera porque con esas dos cartas se está cumpliendo el artículo 25 del Estatuto Autonómico”, dijo Cuéllar.
Cuéllar advirtió luego a Matkovic. “Si no responde a las cartas van a pasar los delitos penales contra él por incumplimiento de deberes. Se puede activar una acción de cumplimiento”, alertó el diputado masista.
Además, consideró que desde el Gobierno se espera que retorne la normalidad a la región en favor de la “reactivación económica” de Santa Cruz y del país porque el proceso contra Camacho está en la justicia. “Es mejor que se postule a gobernador de Chonchocoro”, ironizó Cuéllar sobre la situación legal de la autoridad regional.
“Se ve que el Gobierno y el MAS han conseguido que ahora no se hable de la arbitrariedad en la detención del gobernador Camacho, mientras que nadie se hace cargo del caos que se está generando y que tiende a agudizarse”, comentó luego el abogado Vladimir Peña, quien fue secretario en la gestión de Rubén Costas.
El jurista recordó que Aguilera fue aislado en varias ocasiones por el propio Camacho y que las tensiones internas en la Gobernación datan desde 2021, cuando se le redujeron sus responsabilidades en la Ley de Organización del Ejecutivo Departamental y, luego con una norma con la que entregó la suplencia temporal del cargo, por motivo de viaje, a otra autoridad y no al vicegobernador.
“Las cartas que han traslucido hacen ver que lo que se dice mediáticamente es diferente a lo que está sucediendo internamente en seno del Ejecutivo y que, ahora, se va a trasladar al Legislativo con mayor inestabilidad”, apuntó.
Peña recordó que desde 2014 está vigente la Sentencia Constitucional 255 que garantiza los derechos políticos y que éstos no se pierden, incluso, si una persona pierde su libertad de locomoción. “Admitir la pérdida de mandato tras una acusación es como adelantar sentencia y eso es algo que vulnera las libertades de los ciudadanos y en este caso la de Camacho”, explicó Vladimir Peña.
Precisó que en lo “operativo”, la Gobernación debe hallar una solución práctica en favor de la gestión. Este escenario que es más político, apuntó, debería superar las actuales tensiones para superar “el carácter simbólico” que ahora tiene Camacho ejerciendo funciones desde la cárcel.
Camacho ha recibido la visita de su familia, sus abogados y de funcionarios de la Gobernación, entre ellos el asesor de Gestión, Efraín Suárez, quien reveló la semana pasada que transmite instrucciones que salieron de Chonchocoro y adelantó que se prepara una norma para que Aguilera tenga más responsabilidades ante el escenario que enfrenta la gestión de Camacho.
