La crisis política originada en la violenta aprehensión, llamada secuestro, y posterior detención preventiva en Chonchocoro del gobernador de San Cruz, Luis Fernando Camacho Vaca, no da tregua. Por el contrario, persiste a riesgo de prolongar la incertidumbre y de multiplicar sus nocivos efectos sobre la economía nacional y regional.

Se ha abierto ayer un nuevo capítulo en esta lucha sin cuartel entre el Gobierno y la región económicamente más poderosa del país, al difundirse los resultados de una reunión cívica en Santa Cruz, donde se ha determinado la realización de un cabildo nacional el 25 de este mes, con una amplia agenda.

En términos generales, según la dirigencia cívica, lo que pretende este cabildo nacional es “conseguir la restauración del Estado de derecho”. Los hechos políticos de los últimos meses, que también se vinculan al paro indefinido por el censo, que duró 36 días, pero sobre todo a la detención preventiva de Camacho y la represión policial de las protestas cruceñas, que ha derivado en la muerte del ciudadano Erwin Chávez, conducen a los dirigentes cívicos a interpretar que estos excesos están estrechamente relacionados con un debilitamiento del Estado constitucional de derecho en el país.

Se trata de una evaluación preocupante, si se considera que el Estado de derecho tiene como elementos centrales el respeto al ordenamiento jurídico con la Constitución como norma principal; el ejercicio y fiscalización del poder político; el funcionamiento independiente con separación de los poderes del Estado de similar jerarquía, y la constante promoción de los derechos humanos, entre otros valores. Este esquema tiene la finalidad de evitar la concentración de poder.

En consecuencia, si para los cívicos no hay respeto al Estado constitucional de derecho, pero sí una deriva para concentrar cada vez mayor poder en el Presidente, resulta lógico que se declararan en estado de emergencia ante la situación de persecución jurídica de más de 180 personas consideradas “presos políticos”.

Es importante, también, la conformación de un Comité Permanente de Defensa de la Ciudadanía Boliviana, que tendrá a su cargo la coordinación de actividades y acciones de protesta pacífica en las nueve regiones y, además, la denuncia internacional sobre la instauración de “un régimen de terrorismo de Estado, inseguridad jurídica y presencia de grupos parapoliciales”.

No hay, por ahora, un escenario de diálogo, por lo cual esta crisis amenaza con extenderse, tras casi un mes de la detención del gobernador Camacho.