El movimiento cívico nacional decidió crear el denominado “Comité permanente de defensa de la ciudadanía” y anunció, además, que el 25 de enero se llevará adelante un cabildo nacional, que se desarrollará de forma simultánea en los nueve departamentos del país.

“(La asamblea de los comités cívicos nacionales resuelve) Declararnos en Estado de emergencia nacional, irguiendo a partir de la fecha el Comité permanente de defensa de la ciudadanía boliviana”, es el primer punto de la resolución emitida por la reunión de cívicos, la cual dio lectura Rómulo Calvo, presidente del Comité pro Santa Cruz.

Los cívicos aseguraron que desde ese comité nacional se darán a conocer las diferentes actividades y acciones de protestas que se efectuarán en los nueve departamentos, “hasta conseguir la restauración del Estado de Derecho y la liberación de los más de 180 presos políticos”.

Ayer, los comités cívicos del país se reunieron junto con activistas en el departamento de Santa Cruz, donde al terminar la cita emitieron la resolución. En ésta indican que el constante y sistemático actuar del Gobierno “vulnera el Estado de Derecho, pone en riesgo la seguridad jurídica de los demás, daña la institucionalidad del sistema democrático y constituye una amenaza tácita y permanente contra la libertad de todos”.

Los cívicos en su reunión también decidieron convocar para el 25 de enero un cabildo nacional con el fin de delinear el “norte” para lograr “la recuperación de nuestra democracia”.

“(En el cabildo) pondremos en consideración del pueblo boliviano en general, preguntas concretas que buscarán dar el norte que necesitamos como país para conseguir la restauración del Estado de Derecho, la recuperación de nuestra democracia, libertad de todos los presos políticos y el cambio radical de la justicia corrupta, que coarta los derechos civiles y políticos de todo ser en esta patria”, se lee en la resolución emitida.

La movilización general de los cívicos del país empezó a tomar forma desde el apresamiento del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, ocurrido el pasado 28 de diciembre.

El político fue aprehendido, en un operativo violento, en la urbe cruceña y ese mismo día fue trasladado a la ciudad de La Paz, donde un juez dictó que debe estar en detención preventiva en el penal de Chonchocoro por el caso “Golpe I”.

El 4 de enero, los cívicos del país sostuvieron una primera reunión en la capital cruceña, en la que se declararon en “estado de emergencia movilizado”; el 10 de enero se manifestaron en todo el país.

Otras decisiones

Tras el apresamiento del gobernador Camacho, la Policía reprimió a los movilizados en Santa Cruz. La resolución emitida de ayer también toca un tema relacionado, puesto que los cívicos se pusieron como meta restaurar la “institucionalidad e independencia” de la Policía.

“(Resolvemos) condenar los abusos, actos atentatorios contra la vida y los derechos humanos de ciudadanos bolivianos que la Policía Nacional ha venido realizando en las diferentes manifestaciones pacíficas que se han dado a nivel nacional por instrucciones del Alto Mando Policial, declarando que lucharemos hasta restaurar la institucionalidad e independencia de la Policía Boliviana, con el fin de respetar el uniforme y Constitución”, reza la resolución.

En ese documento, los líderes cívicos del país también instan a las fuerzas políticas de oposición a sumarse a su lucha, llevando adelante “todas las acciones de unidad pertinentes y necesarias” para cumplir y hacer cumplir lo decidido en la reunión que sostuvieron ayer.

De igual forma, los cívicos convocaron a la ciudadanía en general a realizar el “resguardo pacífico, responsable y permanente” de todas las oficinas de las instituciones públicas nacionales en los diferentes departamentos de país, “con el fin de expresar nuestro repudio al secuestro de nuestra democracia y libertad”.

Los cívicos y activistas también pidieron a los movilizados en Santa Cruz que levanten los bloqueos de carreteras, y se comprometieron a “activar acciones y medidas de protesta nacional para la defensa de la democracia y libertad”.

Ese bloqueo comenzó después de que Camacho fuera apresado, como una de las primeras medidas en defensa de esa autoridad departamental.