El secuestro del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, no es sino un último y desesperado esfuerzo de Luis Arce Catacora por desviar la atención de la demanda popular que exige la realización del Censo Nacional, como señala la ley.

Asegurarnos que en Bolivia se haga un censo con transparencia y fidelidad debe continuar siendo la madre de las batallas. Así lo entiende el gobierno del MAS, y por ello está dispuesto a correr el costo que sea necesario para dilatar y en lo posible evitar su realización.

La postergación de la ejecución del “Censo Nacional 2022”, decretada sin motivo válido, refleja la desesperación del régimen del MAS por ocultar la lamentable condición en la que se encuentra Bolivia tras 17 años de desgobierno socialista.

El despilfarro de la mayor bonanza económica de nuestra historia contrastada con los peores índices de desarrollo humano del continente, principalmente por el lamentable estado de la salud y de la educación pública además de la corrupción, serían los más poderosos testigos que devele un nuevo censo.

Igual medida tomó en la India el populista primer ministro Narendra Modi, quien recientemente decidió posponer indefinidamente el censo de su país, la democracia más poblada del mundo. Esa decisión, que ha alcanzado trascendencia mundial, tiene razones claramente políticas. Modi es un populista que se hizo del poder con grandes promesas electorales que no cumplió, hecho que saldría a la luz pública de realizarse el censo antes de las próximas elecciones.
Por otro lado, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, el populista tecnológico, ha ido aún más allá: ha disuelto el instituto de estadísticas de su país con 70 años de antigüedad, en un país que se censa desde 1881, arguyendo que Digestyc era tan malo que era mejor eliminarlo total y definitivamente, pasando sus funciones estadísticas al Banco Central.

En Bolivia hay crecientes sospechas de que el padrón electoral está alterado y que existe un fraude sistémico montado por el régimen, que el censo ayudaría a detectar, así como el número real de habitantes y su ubicación. No por nada el gobierno resistió un paro cívico de más de un mes y secuestró a la máxima autoridad departamental.

Además, el nuevo censo le asignaría mayores recursos fiscales al departamento de Santa Cruz –de gobierno departamental opositor– y un mayor número de curules parlamentarios; ambos por la masiva inmigración interna que llega en busca de mejores oportunidades económicas y libertad política.

¿Quién gana con esta situación? Desde luego no el gobierno. Con lo que viene ocurriendo, el grado de antipatía, desprecio e indignación de gran parte de la ciudadanía en todo Bolivia hacia el régimen no debe tener antecedente. Ni las peores dictaduras fueron tan indolentes y arrogantes en su desprecio por la justicia, utilizando a fiscales y jueces para mentir y ejercer persecución política.

Para desviar la atención pública y lograr la desmovilización del largo paro en Santa Cruz, el gobierno concedió a los dirigentes cívicos cruceños la posibilidad de discutir su relación “con el gobierno central”. En otras palabras, debatir sobre la federalización “con antifaz”, que no llegó a nada.

Pero el pueblo se quedó en las calles, rebelde y decidido, sin cansarse ni rendirse; aunque ciertamente desalentado por la abdicación de su demanda original.

Pareciera que el gobierno está dispuesto a evitar el Censo Nacional a cualquier costo. Su “capital político”, esa capacidad de movilizar apoyo popular genuino, suscitar afecto y respeto de los ciudadanos, promover el consenso y armonía social, además de la seguridad pública y jurídica de la sociedad, lo ha perdido.
Lo ha perdido todo, excepto la capacidad de reprimir como la dictadura que es.

Pero nosotros no perdamos de vista el principal objetivo estratégico electoral, que es el de contar con la información de un censo que nos diga la verdad y desenmascare la farsa socialista.

Habría que recordarles lo que le dijo su Canciller a Napoleón: “Las bayonetas sirven para muchas cosas, menos para sentarse sobre ellas”.