Entre los pilares en que se cimienta el Estado Constitucional de Derecho se encuentra la justicia independiente, transparente, imparcial, con seguridad jurídica, pluralista, que garantice la tutela y ejercicio de los derechos humanos de las personas; la carencia de estos elementos ocasiona la vulneración de los mismos. Como es de conocimiento del ciudadano, la justicia boliviana atraviesa una crisis muy grave debido a múltiples factores: la falta de independencia del Órgano Judicial –que es problema de larga data–, la corrupción, la falta de meritocracia en el sistema de selección de los jueces, la falta de presupuesto, la modalidad de elección de altas cortes, entre otros factores, afectan al ciudadano boliviano en el ejercicio de sus derechos fundamentales.

Uno de los problemas más serios que ha influido en el deterioro del sistema de justicia es la modalidad de elección de las altas cortes, es decir, la elección mediante sufragio universal de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia; del Agroambiental, del Tribunal Constitucional y del Consejo de Magistratura. En el mundo existen diversos modelos de administración de justicia, Bolivia es uno los pocos Estados en que se elige a través del sufragio universal de acuerdo a lo establecido en los art. 182, 188, 194 y 198, de la Constitución Política del Estado Plurinacional. Para optar a estos cargos será necesario cumplir con los requisitos generales establecidos para los servidores públicos: haber cumplido treinta años de edad, poseer título de abogado, haber desempeñado con honestidad y ética funciones judiciales, profesión de abogado o cátedra universitaria durante ocho años y no contar con sanción de destitución del Consejo de la Magistratura, requisitos que en muchas ocasiones no se cumplen.

La elección de los magistrados a las altas cortes se determina por mayoría simple de votos obtenidos en la justa electoral, de acuerdo a norma. Es así que, en las dos elecciones (2011 y 2017) de magistrados en Bolivia, de acuerdo a la Fundación Debido Proceso, se indica por segunda vez que, desde el punto de vista de la legitimidad de los elegidos, el resultado fue peor que el de seis años atrás: la suma de votos en blanco (14,93 %) y nulos (50,9 %) rozó los dos tercios de los votos emitidos, algo más que en 2011, cuando totalizaron 59,27 %. Sobre la base del masivo voto nulo y en blanco, diversos grupos y plataformas impugnaron la elección y reclamaron que los elegidos no asuman sus cargos ya que no poseen la legitimidad necesaria; el Gobierno dijo que dichas elecciones fueron un acto democrático. Debe reconocerse entonces, en ese resultado, el rechazo al mecanismo de selección.

Al margen del rechazo a la forma de elección de las autoridades judiciales, que ha agudizado la crisis judicial, el sistema de justicia se encuentra en franco deterioro, ya que se vulneran constantemente los derechos del ciudadano debido a la retardación de la justicia, el uso excesivo de la detención preventiva por largos periodos, la corrupción y la judicialización de la política. 

En el caso de retardación de la justicia, podemos sostener que el sistema es lento, burocrático, lleno de procedimientos creados por los administradores de justicia que prolongan el proceso. En algunos casos se le agrega la corrupción, el pago para acelerar los procesos, incurriéndose en muchas ocasiones en delitos, amén de ser una vulneración a los derechos de los ciudadanos. 

En cuanto a la detención preventiva, Bolivia tiene un uso excesivo de la misma, especialmente considerando que, al mes de marzo de 2022, el 65,76% de la población privada de libertad no tiene condena –Fundación Construir– y, por último, se le agrega la judicialización de la política, como un mecanismo de persecución al adversario político puesto que se ha empleado este mecanismo para el ciudadano de a pie que piensa diferente, obviando que uno de los pilares de la democracia y Estado de derecho es la licitud del disenso y el respeto a los derechos humanos.

En estos momentos existen varias propuestas de reformas a la justicia, una de ellas es la propuesta de los Juristas Independientes, que hace énfasis en modificar la CPE a través de una iniciativa ciudadana, que permite modificar la elección por sufragio universal de las autoridades judiciales, por los motivos señalados anteriormente.

Otro punto interesante de la Propuesta de los Juristas Independientes es asignar un 3 % del presupuesto del Estado al sistema de administración de justicia, ya que actualmente cuenta con un presupuesto asignado a todo el sector justicia, incluido el Ministerio Público, que no llega al 0,50 % del total del presupuesto nacional. En la actualidad el presupuesto no permite sustentar una institucionalidad dotada de los recursos institucionales indispensables –se cuenta con 1.200 jueces a nivel nacional– y, en especial, de remuneraciones adecuadas que atraigan a las mejores profesionales y que prevengan la corrupción y otras tentaciones. Por lo tanto, se hace importante que se incremente la partida destinada al Órgano Judicial, que se tiene en el presupuesto general de Estado, este incremento estará destinado a la selección de nuevos jueces, a la capacitación y digitalización de todo el sistema de administración de justicia y a mejorar la infraestructura, que es precaria en las capitales de departamentos y casi inexistente en provincias.

Por todo lo señalado es importante que la ciudadanía se involucre en la reforma de la justicia, ya que cotidianamente se vulneran los derechos de las personas debido a una administración de justicia deficitaria, lenta, poco imparcial, que no cumple los estándares del sistema universal e interamericano de Derechos Humanos.