El presidente Luis Arce determinó cortar los aportes de los servidores públicos a la cuenta única de la dirección del MAS y ese corte representó la privación de al menos 51,9 millones de bolivianos, por año, para el jefe del partido Evo Morales, quien controla las finanzas de esa organización política.

El ampliado ordinario departamental del MAS en Cochabamba determinó la restitución de los aportes obligatorios de los funcionarios públicos a la cuenta de ese partido bajo conminatoria de procesos.

El presidente Luis Arce determinó cortar los aportes de los servidores públicos a la cuenta única de la dirección del partido.

Según un análisis de Brújula Digital, ese corte representó la privación de al menos Bs 51,9 millones anuales para el jefe del partido Evo Morales, quien controla las finanzas de ese partido.

«Ante la arbitraria decisión de nuestro gobierno de cortar los aportes económicos a la cuenta única de la dirección del MAS-IPSP, el magno ampliado dispone el restablecimiento de los aportes de todos los servidores públicos de todos los niveles de la administración pública del Estado y la militancia obligatoriamente dando cumplimiento a lo dispuesto en nuestros estatutos orgánicos bajo advertencia de iniciar todas las acciones mediante procesos sumarios disciplinarios» señala una resolución del ampliado del MAS Cochabamba.

El artículo 72 del estatuto del MAS dispone que los militantes de ese partido que sean servidores públicos, trabajadores en instituciones públicas, autoridades electas y designadas deben aportar al MAS, de forma regular, los siguientes montos: el 1% de su sueldo quienes ganan hasta 10.000 bolivianos; el 2% quienes perciban entre 10.001 y 20.000 bolivianos; y el 3% quienes ganen más de 20.001 bolivianos.

El MAS Cochabamba es una de las regionales más leales al exjefe de Estado que respalda a Morales para que éste sea el «presidente vitalicio» de ese partido y rechaza la renovación del liderazgo nacional como se plantean en sectores llamados «renovadores».

En el ampliado también determinaron la expulsión de los llamados diputados «renovadores-traidores» que apoyaron la aprobación de la ley del censo, entre ellos Magali Lourdes Gómez, Rosario García, Olivia Guachalla, José Luis Flores, Damián Laime y María Lisbeth Vargas.