Hay una creciente preocupación mundial sobre el estado de la democracia en general. Y en Bolivia no cesan las malas señales contra este sistema de gobierno, acciones y declaraciones que provienen mayoritariamente desde las autoridades del Poder Ejecutivo nacional y desde dirigentes que gobiernan con el MAS.

El primer artículo de la Constitución Política del Estado señala que Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Amplia definición de lo que somos que, lamentablemente, está en el papel y no se cumple en los hechos.

Una de las cualidades de este país es la Autonomía, que fue una conquista arrancada al poder centralista de Evo Morales, en el proceso constituyente, tras una larga lucha que data de finales del siglo pasado. Pero en los hechos, Bolivia no es un país autonómico porque esa condición ha sido sistemáticamente violada por el MAS en sus dos gobiernos. Ahora se lo intenta de nuevo.

¿Bajo qué competencias y atribuciones se pretende imponer un cambio de gobernador en el departamento cruceño desde el Gobierno central? Todos saben que Luis Fernando Camacho le ha estorbado siempre a Evo Morales, a Luis Arce y a quienes trabajan para ellos. Sin embargo, en un total desconocimiento o falta de respeto al Estatuto Departamental (validado por el Tribunal Constitucional y aprobado en un referéndum ciudadano), Iván Lima se arroga la potestad de hablar de dos vías para elegir a un nuevo gobernador de este departamento, cuando la norma autonómica no prevé una elección sin causales específicamente señaladas, ninguna de las cuales se cumple en este momento.

El ministro, nada más y nada menos que de Justicia, desconoce que las elecciones subnacionales en Santa Cruz dejaron como resultado la elección de un gobernador que ganó con más del 55% de los votos; similar porcentaje al obtenido por Luis Arce en los comicios nacionales. A ello se suma la manipulación legal y judicial para acosar a los asambleístas departamentales indígenas para torcer su convicción en su rol legislativo, de acuerdo con lo que han denunciado ellos mismos.

Pero hay más señales. La más obvia y abundantemente denunciada es la instrumentalización de la justicia al servicio del poder político. Solo para muestra, el Poder Ejecutivo –mediante sus ministerios- se convierte en protagonista principal de procesos contra los opositores políticos (Casos de Jeanine Áñez y de Luis Fernando Camacho, entre otros) y a ello se suman las resoluciones de ampliados sindicales en los que se exige la condena a 30 años para los mencionados, normalizando la imposición para que los jueces decidan por obediencia y no con base en las leyes.

En Bolivia causa estupor la manera cómo se reprime a la oposición; cómo se encarcela a los que no comulgan con las formas del primer mandatario. Y todo esto está calando a escala internacional, ya que varias organizaciones como Human Right Watch, la CIDH, Naciones Unidas, la Sociedad Interamericana de Prensa, o la Unión Europea, Estados Unidos y otros gobiernos expresan su preocupación por el estado de la democracia y de la justicia en este país.

El gobierno del MAS está enviando pésimas señales que desportillan su imagen a escala internacional, amén de lacerar su relación con la ciudadanía boliviana. Resulta increíble que el afán de poder absoluto sea tan enceguecedor para un presidente que pudo ser demócrata y sabio en la conducción del país, pero que optó por el atropello y el abuso a su pueblo.

La cuestión democrática, en este caso, no tiene nombre y apellido, no se trata de Luis Fernando Camacho como tal, sino de respetar al departamento donde se gestó la autonomía, a su gente y a su voto.