La semana comienza con otro aire para Luis Fernando Camacho y la Gobernación. Por un lado, la defensa está esperanzada en que el gobernador pueda recuperar su libertad en la audiencia de apelación, aún sin fecha de realización.

Por otro lado, el Gobierno nacional dio marcha atrás en el afán de intervenir en el gobierno del departamento para obligar a un cambio de la primera autoridad de Santa Cruz.

Luis Fernando Camacho lleva detenido desde el 28 de diciembre, acusado en el caso ‘Golpe I’. Está en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro y sus visitas aún eran restringidas a algunas personas hasta el pasado fin de semana.

Hace unos días, las autoridades nacionales barajaban dos posibilidades para sacar a Camacho de la Gobernación. El ministro de Justicia, Iván Lima decía que una era la elección orgánica en la Asamblea Legislativa y la otra por la vía penal, mediante una demanda por incumplimiento del estatuto contra el gobernador y el vicegobernador, Mario Aguilera, quien declaró que no estaba vacante el cargo de la primera autoridad política de Santa Cruz.

“Que el vicegobernador y la Asamblea cumplan con la norma vigente, porque corresponde una acción penal por el delito de incumplimiento de deberes, en caso que no cumplan con su estatuto autonómico”, dijo Lima en aquella oportunidad.

Sin embargo, el domingo Lima dio un giro e indicó que la continuidad de Camacho en el cargo de gobernador debe ser una decisión de la población cruceña y la ALD con base en el estatuto autonómico. Asimismo, dijo que, si bien hay plazos, el Gobierno no interferirá.

“El gobernador Camacho, elegido por el pueblo cruceño, debe definir su situación en el marco del estatuto autonómico. Como gobierno central nuestra posición oficial es que sea el pueblo cruceño y su ALD, los que apliquen la normativa y el estatuto autonómico”, dijo Lima ante los medios.

Sobre el plazo que tendría el legislativo departamental para definir esta figura, Lima recalcó que como gobierno nacional no se busca interferir en un acto institucional y democrático, por lo que no quiso emitir criterios sobre esta cuestión.

En una de las últimas intervenciones del vicegobernador Aguilera, éste fue claro en afirmar que el cargo de gobernador no está vacante porque la primera autoridad del departamento sigue siendo Luis Fernando Camacho y por ello continuará, desde el penal de Chonchocoro, firmando documentos y resoluciones de manera regular.

La asambleísta departamental por la agrupación Creemos, Paola Aguirre, se refirió a las declaraciones realizadas por el ministro Lima y aseguró que como legisladores van a continuar respetando el derecho que tiene el gobernador Camacho de continuar ejerciendo el cargo que la población cruceña le ha asignado.

“El ministro quiere borrar con el codo lo que escribió con la mano porque ha dejado en evidencia, el plan operativo que tienen para consumar el golpe de Estado en contra de la gobernación”, dijo la representante departamental y aseguró que el plan continua.

Aguirre agregó que no es casualidad que se le quiera cargar a la ALD esta responsabilidad, que además no es aplicable porque no hay acefalia en los cargos de gobernador y vicegobernador.

Además, denunció que simultáneamente el Movimiento Al Socialismo (MAS) se encuentra realizando interferencia en las autonomías indígenas para manipular sus poblaciones e impulsar procesos de revocatoria de cargo en contra de los asambleístas de los cinco pueblos indígenas, que no le dieron su apoyo al MAS en las dos últimas elecciones de la directiva del legislativo departamental.

“El ministro Lima continúa manifestando opiniones desacertadas porque la ALD tiene una intervención subsidiaria, esto quiere decir que si el gobernador deja acéfalo el cargo y similar suerte corre el vicegobernador, recién la asamblea departamental podría ejercer competencias para elegir entre sus miembros a quienes puedan ocupar los cargos”, complementó Aguirre.

Sobre el proceso

Martín Camacho, abogado del gobernador de Santa Cruz, indicó que hasta el momento no han sido notificados para la audiencia de apelación de las medidas cautelares que pesan sobre la autoridad departamental. El viernes 13 se realizó la audiencia de acción de libertad, en la cual se ordenó que se fije, en un lapso de 24 horas, fecha y hora para la audiencia de apelación.

“Si se cumpliese la ley, como debería ser, la vocal debería revocar toda la resolución del juez Sergio Pacheco Diamantino porque la misma no está bien hecha. Él al momento de fundamentar su resolución, lo que ha hecho es copiar la imputación y eso no se debe hacer. Lo que tendría que haber realizado es una valoración jurídica de lo que ha escuchado en la audiencia y con su propia fundamentación dictar la resolución”, dijo el abogado.

Adelantó que, además de utilizar todas las vías jurídicas nacionales, también se está preparando una estrategia internacional recurriendo, por ejemplo, a los organismos internacionales.

Sobre la notificación para la audiencia de apelación, dijo que la vocal pudo haberlo hecho el fin de semana, pero no lo hizo. “También teníamos otra audiencia con un retraso de más de 10 días y ahora, con esta apelación, continúa incumpliendo con su deber. Ahí tenemos retardación de justicia”, sostuvo el abogado y añadió que estos retrasos se los tomará en cuenta en las acciones internacionales porque se estaría demostrando que en este proceso existe un incumplimiento de la ley en Bolivia, junto a una constante retardación de justicia.

Con relación al aislamiento de dos semanas que dispuso Régimen Penitenciario para el gobernador Camacho en Chonchocoro, su abogado dijo que continúa en la posta médica del centro penitenciario, pese a que el viernes 13 se cumplió el tiempo de cuarentena Se tiene previsto que en esta semana pase al espacio donde debe cumplir la detención preventiva.

Sobre el proceso contra Camacho, el ministro Lima dijo que hay nuevos elementos que están siendo investigados. Uno de ellos, son los supuestos depósitos desde la cuenta del gobernador cruceño al general Jorge Terceros, ex comandante de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB).

El segundo argumento que se incluirá a la denuncia, prosiguió Lima, son las declaraciones de Carolina Ribera, hija de la expresidenta Jeanine Áñez, quien dijo que había ministros supuestamente puestos por Camacho y citó al exministro de la Presidencia, Jerjes Justiniano, y el exministro de Defensa, Fernando López.