El gobierno de Luis Arce, que está castigando a Jeanine Añez y Luis Fernando Camacho por un golpe de Estado inexistente, al mismo tiempo estaba buscando el camino para incurrir en un verdadero golpe en Santa Cruz, en contra de un gobernador que no tiene sentencia ejecutoriada, que no ha muerto, no ha renunciando, no se ha ausentado ni ha sido impedido de ejercer sus funciones de manera definitiva.

Ignorando todas esas causales, que están establecidas en el Estatuto de Santa Cruz, el ministro de Justicia, Iván Lima, ha señalado que se busca una vía para reemplazar al gobernador Luis Fernando Camacho, detenido en la cárcel de Chonchocoro de La Paz.

“Si el Gobernador y el vicegobernador han dejado a Santa Cruz sin dirección, tendrá que haber nuevas elecciones en ese departamento. (...) No vamos a permitir que el Estatuto de Santa Cruz no se respete y no se cumpla”, expresó el ministro, para luego matizar que las vías pueden ser tres: “La vía constitucional a través de una Acción de Cumplimiento, la vía penal y la misma vía electoral”.

Aunque este domingo bajó la intensidad de sus declaraciones para decir que la Asamblea cruceña debe ser la que decida sobre ese aspecto, antes había hablado como si de un emperador se tratara, al afirmar en primera persona: “Estamos analizando las declaraciones realizadas para determinar una vía que garantice el cumplimiento de la Constitución Política del Estado y del Estatuto Autonómico del Departamento de Santa Cruz”.

¿Desde cuándo un ministro decide cómo se designa y quién es designado gobernador de una región de Bolivia? Atrás quedaron los tiempos en que el presidente, no un ministro, designaba prefectos. Ahora es el voto del pueblo el que decide quién ocupa el cargo y, en el caso de Santa Cruz, el elegido es Camacho.

El reemplazo procede cuando la autoridad ha renunciado, ha muerto, tiene sentencia ejecutoriada o tiene un impedimento definitivo para asumir el cargo. Ninguna de esas causales aplica a Santa Cruz.

En todo caso, lo que existe es una ausencia temporal por la detención preventiva de cuatro meses dictada en contra de Camacho, pero, las circunstancias ilegales en las que el Gobernador fue secuestrado, llevan a las autoridades locales que le suceden a no reemplazarlo ni siquiera por ese tiempo en el cargo, porque eso significaría ceder ante la presión gubernamental.

Las presiones para perpetrar el golpe son tales que el Gobierno es capaz de activar un proceso y posterior encarcelamiento del vicegobernador para allanar el camino hacia las elecciones regionales.

Las gobernaciones se ganan en las urnas y cada cinco años, no cuando al ministro Lima se le antoje. Entre tanto, Camacho sigue siendo el gobernador cruceño, aún desde la cárcel de Chonchocoro.