En muchas regiones del mundo, la democracia lograda con el sacrificio de millones de seres humanos para lograr libertad, justicia y una vida digna, se halla amenazada por autoritarismos, producto de golpes militares o de gobiernos que llegan al poder por garantías que ofrece un sistema democrático para captar el voto popular, una vez logrado, echan por la borda los pilares del sistema democrático e implantan un enfoque relativista da los derechos humanos. 

En las Américas, las experiencias son numerosas y cada vez más brutalmente groseras. En EEUU, el perdedor republicano Donald Trump desconoció los resultados de la elección  y azuzando a sus hordas logró el atraque brutal al Capitolio. En Brasil, seguidores del derrotado Jair Bolsonaro, personaje que a lo largo de su gobierno hizo gala de su vocación antidemocrática; enajenados por el odio inyectado a base de mentiras y aplicando tácticas terroristas irrumpieron en Brasilia a la sede del Congreso, la Suprema Corte de Justicia y otras instituciones.

Pero, no solo las hordas de la derecha son capaces de semejantes atentados a la democracia y sus instituciones, la izquierda populista que se llena la boca con revolución, justicia social y otras hace lo mismo, en abierta competencia de quien pasa y pisa más a la democracia. 

Ambas corrientes buscan el poder no para servir al pueblo, sino para satisfacer sus pervertidos intereses de más poder político y, sobre todo, económico. Cuba, Venezuela, Nicaragua son el ejemplo, tienen condenados a la indigna miseria y falta de libertad a sus pueblos. Perú hoy vive los efectos de un proyecto populista truncado que enfrenta a quienes aspiran a un mejor sistema democrático y otro que se niega a aceptar que Castillo en su corta estadía mostró las garras de la corrupción y el contubernio con lo ilícito que lastra desde hace décadas al vecino país.

En Bolivia vivimos la dura experiencia de un proyecto, que después de llegar al poder usando las reglas de la democracia, una vez en él las echa a los contenedores de basura. En más de una década de domesticar a importantes sectores de la población a través de prebendas, cargos públicos, permiso de ocupación de tierras privadas y fiscales, acción libre para el contrabando, tráfico de personas, drogas, minerales, comercialización irrestricta de mercurio rojo para la explotación del oro y otros ilícitos, el gobierno considera legítimo el secuestro, encarcelamiento, tortura, destierro y persecuciones a opositores.

Los populismos del lado que sean son contrarios a la democracia, la justicia y los DDHH. Es a los ciudadanos/as que nos toca la construcción de un verdadero proyecto democrático, recuperar los valores de convivencia pacífica, respeto a las diferencias y justicia.

DE FRENTE

JULIETA MONTAÑO S.

Abogada, feminista, defensora de DDHH

julietamontañ[email protected]