La organización cuestionó que el Gobierno se haya opuesto sistemáticamente a la sanción contra algunos Estados en foros internacionales, donde se vulneraron derechos humanos.

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Presidente Luis Arce. Foto: Internet

“Después de ganar las elecciones presidenciales de octubre de 2020, el presidente Arce dijo que el sistema de justicia debería ser independiente de la política, pero su gobierno no ha tomado medidas concretas para reformarlo”, dice el documento.

La organización publicó su último informe el jueves, donde hace un análisis de la situación de los derechos humanos a nivel mundial. Con relación a las naciones de la región, la directora de la HRW para las Américas, Tamara Taraciuk, aseveró que hubo un grave deterioro del Estado de Derecho y las libertades.

Sobre ese punto, afirmó que en el proceso de la expresidenta Jeanine Añez existen varias irregularidades, en la revisión de la acusación estableció que los delitos de terrorismo y genocidio eran infundados y desproporcionados.

"En junio de 2022, en una causa separada, un tribunal condenó a Áñez a diez años de prisión por incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes —delitos que también están definidos de forma muy amplia en la legislación boliviana— por sus acciones al asumir como presidenta interina en noviembre de 2019", precisa la HRW en su informe.

Hace notar que no permitieron que la exmandataria asista en persona a su propio juicio, bajo el argumento que no se le podía garantizar su salud ni su seguridad en el tribunal, lo que habría impedido que Añez y sus abogados hagan consultas durante la audiencia de juicio.

A la vez hace referencia al caso del exdirector del ExFondo Indígena, Marco Antonio Aramayo, que falleció en abril de 2022 a causa de un paro cardiaco, tras permanecer siete años recluido en la cárcel de san pedro. Cuestionó la falta de atención médica, los constantes malos tratos por parte de la Policía y la justicia.

“En lugar de investigar adecuadamente esas acusaciones, los fiscales lo detuvieron y lo acusaron de corrupción, según ITEI, una organización boliviana sin fines de lucro”, resaltó.

Por otra parte, observó que el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, siga difundiendo fotografías de las personas detenidas, lo que puede vulnerar la presunción de inocencia de los sindicados.

Abuso policial en protestas

En base al informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre los conflictos en 2019, el organismo señala que se produjeron hechos violentos instigados por el gobierno del expresidente Evo Morales, en el mandato de Jeanine Añez también se registró la vulneración de los derechos humanos a partidarios del MAS.

Con base en ese informe señala que las fuerzas de seguridad mataron a 20 partidarios de Morales e hirieron a más de 170 personas en las masacres de Sacaba, una ciudad en Cochabamba, y de Senkata, un barrio de El Alto.

"El GIEI destacó graves falencias en las investigaciones de esos abusos e instó a la fiscalía a reabrir casos que había cerrado sin una debida investigación. A octubre de 2022 nadie había sido juzgado en relación con los delitos", señala.

Cuestionó que solo se haya suscrito un acuerdo de un mecanismo internacional de monitoreo de implementación de las recomendaciones del GIEI, pero no se logró crear un equipo a nivel nacional.

Detención preventiva

El informe también reprochó el uso excesivo de la detención preventiva que provoca el hacinamiento en las cárceles del país. Recordó que, hasta marzo del 2022, el 71% de las mujeres y el 65% de los hombres detenidos en el país aún estaban a la espera de un juicio.

La población carcelaria creció un 12 por ciento entre noviembre de 2021 y marzo de 2022, a 20.864 personas, según datos oficiales obtenidos por la Fundación Construir, una organización no gubernamental (ONG) boliviana.

Libertad de expresión

Asimismo, observó la vulneración a la libertad de expresión y la falta de normas para el acceso a la información, sobre el primer punto reprochó que, a través de la fiscalía, el Gobierno intente amedrentar a los periodistas bolivianos.

Bolivia también carece de una ley para implementar el derecho de acceso a la información consagrado en su Constitución.

Por otra parte, lamentó que hasta la fecha no se haya hecho los esfuerzos suficientes para reparar los daños de las víctimas de los gobiernos autoritarios entre 1964 y 1982, cuestionó que solo unos cuantos responsables de esos hechos fueron procesados y que las Fuerzas Armadas se negaron a compartir información.

Derechos de indígenas y mujeres

El documento remarcó el incremento sobre el uso ilegal de mercurio en la minería que está dañando la salud de las comunidades indígenas, pese a que la Constitución Política del Estado garantiza el respeto de los derechos humanos de los pueblos originarios.

A la vez, afirmó que las mujeres y las niñas siguen corriendo un alto riesgo de sufrir violencia y son víctimas de feminicidio, pese a la existencia de la Ley 348.

Foros internacionales

Finalmente, el organismo cuestionó que el Gobierno se haya opuesto sistemáticamente la sanción contra algunos Estados en foros internacionales, además que no protegió los derechos humanos de las víctimas.

“En la Asamblea General de las Naciones Unidas y el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, se abstuvo o votó en contra de múltiples resoluciones que condenan las violaciones de derechos de Rusia en Ucrania y votó en contra de renovar el mandato de la misión de investigación de la ONU en Venezuela”, concluye el informe.

/EUA/NVG/