A contramano de lo que dicta el sentido común, la urgente e impostergable reforma de la justicia en el país será el conflicto que signe el recién iniciado 2023; y tendrá que darse a pesar del Gobierno, no liderada por éste, como corresponde.

Siendo, como claramente es, la justicia el problema estructural más serio del país, por el que pasa desde el respeto a los derechos humanos de los ciudadanos, hasta la seguridad jurídica e incluso la gobernabilidad política; y siendo que el actual Gobierno había hecho el compromiso de priorizar su impulso para luego dilatarlo, no queda menos que avizorar que será un parto difícil y tortuoso.

Recordemos que éste es el año de la realización de nuevas elecciones judiciales, cuyas dos versiones anteriores fueron cuestionadas por sus resultados con mayoría de votos nulos y blancos. Los años pasados han sido abundantes en pruebas de la insostenibilidad de continuar con el actual esquema de administración de justicia, y eso pasa, por supuesto por la forma en que se selecciona a los candidatos, que luego son avalados -a como dé lugar, según hemos visto- en las urnas.

La apuesta del MAS es proceder a una nueva elección sin resolver los problemas de fondo, lo que nos condenaría a repetir la historia y, lo que es peor, profundizar los problemas que no sólo están dañando el concepto mismo de la administración de justicia en el país a todo nivel, sino que está afectando la convivencia social y la democracia misma.

Por otro lado, el MAS no cuenta ya con el rodillo parlamentario, que en otros tiempos le aseguraba el expediente fácil de seleccionar a los candidatos a los cargos judiciales según su predilección. Con la división dentro del propio MAS habrá que ver qué tipo de acuerdos se logran generar en el Legislativo para concluir con qué tipo de elección de quienes tendrían que ser las futuras cabezas el órgano judicial. (Ojo que la división del MAS tampoco quiere decir que una de sus facciones vaya a optar por mejorar los mecanismos ni ennoblecer las razones por qué se elige y a quienes en esta instancia).

Del otro lado, fracasados varios intentos, ha tomado cuerpo una iniciativa de los denominados “juristas independientes”, quienes abogan por una reforma judicial vía reforma parcial de la Constitución Política del Estado, que deje sin efecto el papel del Legislativo en la selección de candidatos a autoridades, poniendo en manos de una comisión independiente de notables la selección de las ternas que luego serán aprobadas por la Asamblea para pasar al voto popular.

Esta iniciativa está en fase de preparar la firma de libros por los ciudadanos -prevista para el 25 de enero de 2023-; esto daría pie a la solicitud del referendo, que podría realizarse entre julio y agosto de 2023. La pregunta es, en el caso hipotético de que este proyecto concluya, ¿se postergarían las elecciones judiciales?

Es difícil preverlo, sobre todo porque para el Ejecutivo, como hemos visto, la nueva elección judicial parece ser un trámite más que cumplir, cambiando actores sin cambiar nada.

Lo preocupante es que difícilmente ésta será una determinación aceptada obedientemente por la ciudadanía. Ya hemos hablado de la iniciativa de los juristas independientes, pero también los cívicos del país -en apronte recientemente por la fecha del censo y ahora por la detención del Gobernador de Santa Cruz y la persecución política- han anunciado que la reforma de la justicia es su principal demanda.

Estamos, pues, a punto de inaugurar un nuevo escenario de pugnas y ésta puede ser la madre de las batallas. Resulta claro que este Gobierno, como los anteriores, de éste y otros partidos, no renunciarán fácilmente al control de la justicia para sus fines, aunque ellos mismos se vean perjudicados por las deplorables acciones de sus administradores. El cáncer en el que se ha convertido la justicia boliviana es funcional al poder político, pero con la misma facilidad se rinde ante el poder económico, del narcotráfico, de la delincuencia y de todo tipo de vicios.