El ampliado departamental del Movimiento Al Socialismo (MAS) en Cochabamba, que se realizó este sábado en el trópico de Cochabamba, determinó la expulsión de diputados del ala renovadora del partido oficialista; exigen la restitución de aportes económicos de los funcionarios de todos los niveles del Estado para su instrumento político y rechazan el veto a Evo Morales en Perú.

“Expulsión con ignominia de Magaly Núñez, Rosario García, Bolivia Guachalla Yupanqui, José Luis Flores, María Layme Parada, María Vargas Flores, quienes adecuaron sus conductas, por lo que, se dispone en conocimiento del tribunal de disciplina, y exigimos la recuperación de curul (en diputados)”, indica el tercer punto aprobado en el ampliado.

Con relación a los aportes, en la resolución del ampliado del MAS, se exige la restitución de los aportes que hacen los funcionarios de todos los niveles del aparato público.

“(Exigimos el) restablecimiento de aportes de servidores públicos en todos los niveles de la administración del Estado, bajo la advertencia de iniciar acciones. Asimismo, pedimos el cese la intromisión y respeto al estatuto orgánico (...). Exigimos el respeto al derecho al trabajo para nuestros militantes, nuestras autoridades deben respetar lo decidido en el ampliado”, señalan en el cuarto y sexto punto.

Con relación a la situación que vive el expresidente Morales con Perú, la dirigencia del MAS en Cochabamba expresó el rechazo a la resolución de la Superintendencia Nacional de Migraciones, de vetar el paso al exmandatario. Del mismo modo, se solidarizan con los “caídos” durante los enfrentamientos en el país vecino.

“Solidarizarse con los hermanos caídos en Perú, y exhorta a las organizaciones sociales internacionales a buscar la pacificación en Perú. Rechazamos la resolución de autoridades donde disponen el veto a Evo Morales y el fortalecimiento de Runasur”, indica el punto ocho.

Entre otra de las demandas del instrumento político está declararse en estado de emergencia ante las movilizaciones cívicas y de opositores; la condena de 30 años para el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, por el caso Golpe I; la celeridad en la investigación contra Jorge Tuto Quiroga, Carlos Mesa, Samuel Doria Medina y otros, por el presunto delito de terrorismo.