La posibilidad de llevar adelante una “elección orgánica” para reemplazar al gobernador Luis Fernando Camacho ya fue planteada por la Federación de Comunidades Interculturales de Santa Cruz a finales del año pasado. Ayer, el ministro de Justicia, Iván Lima, admitió que esa es una de las opciones legales para este propósito. La otra es la vía judicial a través de un recurso de cumplimiento que será planteado contra el vicegobernador, Mario Aguilera. 

La segunda autoridad del departamento explicó que no podrá asumir el cargo porque éste no fue declarado en vacancia, que es una de las condiciones que establece el Estatuto Autonómico de Santa Cruz para proceder al cambio de la primera autoridad de la región. 

“Puede haber una acción constitucional de cumplimiento si el gobernador y el vicegobernador han dejado a Santa Cruz sin dirección”, dijo Lima poco antes de aclarar que una eventual elección estará en manos del Tribunal Electoral, “que tendrá la palabra”. Además, la autoridad no descartó llevar adelante una causa penal, lo que supone un riesgo de prisión. “Usaremos el mecanismo legal más eficiente”, añadió Iván Lima.os el mecanismo legal más eficiente”, añadió Iván Lima.

La autoridad se refirió a estas opciones tras conocer que Camacho firmó documentos oficiales desde el penal donde guarda reclusión preventiva. “Creo que no se consultó con toda la Asamblea Legislativa Departamental, porque hay quienes piensan diferente”, opinó el ministro en referencia a la correlación de fuerzas que existen en el Legislativo cruceño.

Esta entidad está compuesta por 28 asambleístas, 15 son por territorio, ocho por población y cinco escaños indígenas. El MAS tiene una representación de 11 legisladores y la alianza oficialista Creemos 11, pero logró la gobernabilidad en función de alianzas con Asip y representantes indígenas. En este escenario, estos representantes indígenas tienen un papel clave y así lo reconoció ayer el presidente de la Asamblea, Zvonko Matkovic (Creemos).

El jefe de la bancada indígena, Roberto Urañavi, afirmó que hay una presión del MAS desde el mismo día en el que fue aprehendido Luis Fernando Camacho. “A partir de organizaciones paralelas, quieren iniciar una revocatoria de mandato a los representantes de los pueblos indígenas”, señaló.

Este recurso de revocatoria se realiza en las comunidades sobre la base de usos y costumbres con la participación de autoridades del Servicio de Fortalecimiento Democrático (Sifde) del Tribunal Electoral de Santa Cruz. Según Urañavi, se planteó este recurso contra Wilson Cortez, quien es representante del pueblo Yuracaré.

Recordó que, desde que fueron elegidos, esta estrategia, que contó con el acompañamiento del Tribunal Electoral Departamental, “se aplicó sin éxito en siete oportunidades”. Hoy, con Camacho en prisión, siente mucha más susceptibilidad sobre lo que pueda pasar en los próximos días.

“Están preparando otro golpe a la libertad y a la libre determinación. Nosotros no somos políticos”, puntualizó el dirigente y representante del pueblo Guarayo.
Camacho fue elegido en 2021 con el 55,64% de los votos, frente al 38,17% que obtuvo el MAS.

El Artículo 26 del Estatuto cruceño establece cuatro motivos para que la primera autoridad del departamento pierda el mandato que le dio las urnas: “Muerte, renuncia formal presentada ante la Asamblea Legislativa Departamental, ausencia o impedimento definitivo, sentencia condenatoria ejecutoriada en materia penal en su contra y la revocatoria del mandato. Aguilera insistió que esas causales no se cumplieron.

Pero, la vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Dina Chuquimia, afirmó que también está el artículo 25 que hace referencia a la “ausencia temporal” de la autoridad del Ejecutivo. “Indica que ‘ante la ausencia temporal del gobernador se produce la suplencia gubernamental, asumiendo la vicegobernadora o el vicegobernador las funciones’”, declaró la autoridad electoral. 

En todo caso, el TSE aún no asumió una postura colegiada sobre este escenario sobre el que el MAS y el Gobierno ya se pronunciaron. 

Camacho está recluido preventivamente en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro desde el 30 de diciembre. Está acusado del delito de “terrorismo” en un caso que las autoridades del Gobierno, el MAS y los operadores de justicia llaman “golpe de Estado I” y que tiene que ver con supuestas afectaciones contra la investidura de Evo Morales durante la crisis de 2019, el año en el que renunció acusado de fraude electoral.

Camacho negó los cargos, pero el Gobierno aseguró que busca justicia para las víctimas de los hechos. El caso “golpe I” no menciona a los 37 fallecidos de la crisis. Identifica a Morales y a Álvaro García Linera como víctimas.