No debe ser nada halagador para el presidente Luis Arce que, en cuestión de horas, se hayan producido cuatro pronunciamientos desde el exterior sobre la situación de Bolivia, tras la violenta detención del gobernador cruceño, el opositor Luis Fernando Camacho.

Entre el miércoles y jueves se pronunciaron un grupo de congresistas de Estados Unidos, el Gobierno de ese país, un portavoz de la Unión Europea y Human Rights Watch.

El pronunciamiento de senadores de EEUU, entre los que hay demócratas y republicanos, habla del “continuo retroceso democrático en Bolivia”, por lo que, según dicen, Arce enfrenta a una prueba de liderazgo. “Bolivia no puede ser una democracia si sus líderes opositores compiten en las elecciones tras las rejas”, manifestaron.

Entre tanto, el secretario de Estado adjunto para el Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Brian A. Nichols, señaló que preocupan los reportes de violencia en Bolivia desde el 28 de diciembre. Además, exhortó a “respetar los derechos humanos, que incluyen el debido proceso y la libertad de expresión”.

Un portavoz de la Unión Europea, citado por la agencia Europa Press, indicó que “se debe evitar cualquier paso o acción que pueda conducir a una escalada o violencia. Como hemos indicado en el pasado, esperamos que el Estado de Derecho y el debido proceso se respeten en los procedimientos judiciales en curso o futuros”.

Finalmente, la ONG Human Rights Watch, en su informe anual, ha observado que el gobierno de Arce “ha fracasado en adoptar medidas concretas” para reformar la justicia, mientras que, cuando se produjo la detención de Camacho, ha señalado que el delito de terrorismo es usado en Bolivia para perseguir a opositores de uno y otro bando.

Por si Arce no está consciente de ello, la detención de Camacho tiene todo para ser cuestionada: el Gobernador, que fue elegido por el voto popular, está acusado por un delito político que ni siquiera existió; el tipo penal del terrorismo por el que fue llevado a Chonchocoro es cuestionado por organismos de Derechos Humanos por ser demasiado amplio; el debido proceso no está siendo respetado porque, de otra manera, Camacho podría defenderse en libertad puesto que tiene trabajo, familia y casa en Santa Cruz; y, por si fuera poco, la detención ha causado una ola de protestas que han degenerado en violencia de policías contra civiles y de civiles entre sí. Los periodistas también han resultado afectados por las agresiones tanto de la Policía como de los grupos de choque del MAS.

Esto demuestra que Arce, que ha llegado con una alta legitimidad democrática al cargo, empieza a ser visto con preocupación desde la comunidad internacional. El más preocupado debería ser él.