La reciente detención del gobernador de Santa Cruz Luis Fernando Camacho, la situación de la democracia y del sistema judicial de Bolivia encendieron las alarmas en la Unión Europea (UE), Estados Unidos (EEUU) y Human Rights Watch (HRW) en las últimas horas.

La UE, a través de un portavoz, pidió evitar la violencia en Bolivia. El representante manifestó que esperan que se respete el debido proceso en la demanda que hay en contra del gobernador Camacho.

“Se debe evitar cualquier paso o acción que pueda conducir a una escalada o violencia. Como hemos indicado en el pasado, esperamos que el Estado de Derecho y el debido proceso se respeten en los procedimientos judiciales en curso o futuros”, declaró un portavoz de la UE en declaraciones a Europa Press.

Camacho fue aprehendido en Santa Cruz, en una operación violenta, el 28 de diciembre de 2022, y luego fue trasladado a La Paz, donde un juez dispuso su detención preventiva en el penal de Chonchocoro. Es procesado por el caso “Golpe I”.

Anoche, la Cancillería emitió un comunicado en el que señaló que “no existe una declaración formal (de la UE) respecto a ese tema”. En el pronunciamiento del Ministerio de Relaciones Exteriores se agregó que Bolivia y la UE “mantienen una sólida relación bilateral basada en los principios de respeto mutuo y no injerencia en asuntos internos”.

Por otro lado, ayer se conoció un pronunciamiento de senadores de EEUU, demócratas y republicanos, en el que se refieren al “continuo retroceso democrático en Bolivia”. En ese documento, señalan que el presidente Luis Arce se enfrenta a una prueba de liderazgo democrático.

“El presidente boliviano Luis Arce se enfrenta a una prueba crítica de liderazgo democrático, ya sea para resolver pequeñas vendettas políticas en nombre de su predecesor o hacer avanzar a su nación en la comunidad de democracias latinoamericanas”, se lee en el documento, que está suscrito por los senadores Dick Durbin, Bob Menendez, Bill Cassidy, Ben Cardin, Tim Kaine y Jim Risch.

En ese pronunciamiento aseguran que el “encarcelamiento absurdo” de opositores políticos representa una peligrosa muestra de autoritarismo y erosiona aún más la ya baja confianza que muchos bolivianos y la comunidad internacional tienen en el sistema de justicia del país.

“Bolivia no puede ser una democracia si sus líderes opositores compiten en las elecciones tras las rejas. Y ponerse regularmente del lado de la agresión militar rusa en las votaciones en las Naciones Unidas sólo empaña aún más la credibilidad democrática de Bolivia”, manifestaron.

HRW, también en su reciente informe sobre derechos humanos en Bolivia, sostuvo que Arce fracasó en adoptar medidas para reformar la justicia, pese a que después de ganar los comicios de 2020 señaló que el sistema judicial debería ser independiente.

“Tras ganar las elecciones presidenciales en octubre de 2020, el presidente Arce señaló que el sistema de justicia debía ser independiente de la política, pero su gobierno ha fracasado en adoptar medidas concretas para reformarlo”, señala el informe que se hizo público anoche.

En ese documento, HRW sostiene que el sistema de justicia de Bolivia sufrió “los efectos de la interferencia política” durante los gobiernos de los entonces presidentes Evo Morales (de enero de 2006 a noviembre de 2019) y Jeanine Añez (de noviembre de 2019 a noviembre de 2020), y que el presidente Arce no impulsó una reforma judicial.

“El presidente Luis Arce, que asumió el cargo en noviembre de 2020, no ha impulsado una reforma de la justicia”, se lee en el reporte sobre el país.

En ese informe también se señala que el presidente Arce respalda “acusaciones infundadas y desproporcionadas” de terrorismo y genocidio contra Añez, y que en 2022 la exmandataria fue condenada a 10 años de prisión en un juicio al que no le permitieron asistir en persona.

“El gobierno de Arce apoya acusaciones infundadas y desproporcionadas de terrorismo y genocidio contra la expresidenta Añez. En junio de 2022, la justicia la condenó a 10 años de prisión por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, definidos de forma muy amplia en Bolivia. Las autoridades no le permitieron a Añez asistir a su juicio en persona”, se lee en el documento.

En su reporte, HRW subraya que nadie fue juzgado por las 37 víctimas de 2019.