“El gobierno de Arce apoya acusaciones infundadas y desproporcionadas”, señala el documento.

Human Rights Watch (HRW) emitió el informe mundial de Derechos Humanos (DDHH), en la que hace referencia a la situación judicial en Bolivia. La instancia internacional señala que fracasó el proceso de reforma judicial encarada por el gobierno de Luis Arce Catacora, con la que se buscaba garantizar la independencia judicial y el debido proceso con el fin de superar la “interferencia política” de pasadas gestiones.

“Tras ganar las elecciones presidenciales en octubre de 2020, el presidente Arce señaló que el sistema de justicia debía ser independiente de la política, pero su gobierno ha fracasado en adoptar medidas concretas para reformarlo”, refiere parte de ese informe en relación a la independencia judicial y el debido proceso.

La instancia internacional hizo mención a que el sistema judicial boliviano sufrió los efectos de la “interferencia política” en los gobiernos de Evo Morales (2006-2019) y Jeanine Añez (2019-2020). Y recordó que en esos años se promovieron denuncias contra político opositores.

Ante ese panorama, el documento recuerda que el presidente Luis Arce asumió el cargo en noviembre de 2020 con el fin de cambiar ese contexto, pero “no ha impulsado una reforma de la justicia” y cayó en esa misma situación.

“El gobierno de Arce apoya acusaciones infundadas y desproporcionadas de terrorismo y genocidio contra la expresidenta Áñez. En junio de 2022, la justicia la condenó a 10 años de prisión por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, definidos de forma muy amplia en Bolivia. Las autoridades no le permitieron a Áñez asistir a su juicio en persona”, indica el documento.

En el informe, HRW hizo referencia a casos como el Jeanine Añez y el supuesto golpe de Estado; Marco Antonio Aramayo y el Fondo Indígena; y la presentación pública de detenidos, vulnerando la presunción de inocencia.

Sobre el caso Añez, mencionó que la exmandataria, detenida en marzo de 2021, fue procesada por terrorismo y otros delitos, luego también fue acusada por genocidio, en relación con dos masacres que se produjeron durante su gobierno interino.

“Human Rights Watch examinó los documentos de la acusación y concluyó que los cargos de terrorismo y genocidio eran infundados y manifiestamente desproporcionados. La definición de estos delitos en el derecho boliviano es excesivamente amplia”, refiere parte del informe.

Con relación a la sentencia dictada contra Añez por el caso Golpe II, en junio de 2022, por incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, la instancia internacional considera que esos delitos también están definidos de forma muy amplia en la legislación boliviana. Además, denunció que no se permitió que Áñez asistiera en persona a su propio juicio.

En el caso de Aramayo, la HRW recordó que el exdirector del Fondo Indígena murió en su séptimo año de detención, en medio de graves denuncias de atropellos a sus derechos.

“En 2015, tras convertirse en director del fondo estatal de desarrollo indígena, (Aramayo) denunció diversas tramas de corrupción en las cuales estaban presuntamente implicados importantes partidarios del gobierno de Morales. En vez de investigar adecuadamente esas acusaciones, los fiscales lo detuvieron y lo acusaron de corrupción, según el Instituto de Terapia e Investigación sobre las Secuelas de la Tortura y la Violencia de Estado (ITEI), una organización no gubernamental boliviana”, señala el documento.

Sobre la vulneración de la presunción de inocencia, la instancia internacional recordó que la Policía se comprometió en junio de 2022 que dejaría de mostrar a personas detenidas ante la prensa, sin embargo, ahora el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, siguió con esas prácticas, publicando fotos de detenidos en sus redes sociales.

Además, la HRW lamentó que no haya avances en los procesos por los 37 asesinatos durante los conflictos de 2019. También cuestionó varios temas, como ser: Mujeres y niñas sigan expuestas a un alto riesgo de violencia; la situación de sobrepoblación carcelaria y de uso excesivo de la prisión preventiva; los pueblos indígenas enfrentan obstáculos para ejercer su derecho.