En una carta dirigida a Pedro Vaca Villarreal, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los jefe de bancada de Comunidad Ciudadana, solicitan su presencia en el país. Piden su llegada al país para verificar las violaciones a la libertad de expresión que se han registrado después de la aprehensión del Gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho.

“Solicitamos a su autoridad, su pronunciamiento y visita in loco (al lugar) al Estado boliviano”, se lee en la carta. La misiva cuenta con la firma de la senadora Andrea Barrientos y el diputado, Enrique Urquidi, ambos jefes de bancada respectivamente.

El 28 de diciembre del pasado año, Camacho fue aprehendido y luego trasladado a La Paz. Tras la audiencia cautelar, el gobernador fue remitido al penal de Chonchocoro con detención preventiva por los sucesos de 2019. A raíz de esas detención, la tensión y la violencia se instalaron en Santa Cruz y amenaza con extenderse a todo el territorio nacional. 

Este martes se realizó una marcha en las nueve ciudades capitales exigiendo el alto a los abusos policiales y la libertad de los detenidos políticos.

“Actualmente, existe un abuso de la imposición de la detención preventiva, aspecto que generó una crisis en el régimen penitenciario y peligros inminentes a los Derechos Humanos de quienes han sido castigados sin sentencia condenatoria al sufrir esta medida”, señala otra parte de la carta que dirigieron los asambleístas de CC a Pedro Vaca Villarreal.

Como una muestra de los sucesos en Bolivia los opositores describieron los casos de Enrique Tarqui y Miguel Ángel Rivero, quienes fueron atacados directamente por los policías en las manifestaciones de Santa Cruz. 

“En la represión ejercida por la Policía Boliviana se ha podido advertir numerosas acciones violentas, desproporcionales y arbitrarias de manera directa en contra de periodistas, manifestantes y líderes políticos”, señala la carta.

De forma paralela, la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, dijo que el Gobierno también acudirá a la misma oficina para denunciar las agresiones que sufre el canal del Estado y la forma como fue obligada a cerrar sus emisiones en la ciudad de Santa Cruz. La misma situación se denunció con ataque a las radios de los pueblos originarios.