En los últimos días, el alcalde de Colcapirhua, Nelson Gallinate, quien llegó a la Alcaldía con la sigla de Comunidad Ciudadana, reconoció que ser parte del Movimiento Al Socialismo (MAS) le permite mayor gobernabilidad en su municipio.
Gallinate confirmó, en noviembre de 2022, que había firmado por el MAS e hizo su juramento a ese partido, por “sentirse” decepcionado de Comunidad Ciudadana.
Sin embargo, la decisión de haber cambiado de partido político tras 18 meses de gestión tiene, al parecer, otra razón de fondo: evitar procesos legales en su contra.
Como antecedente, se debe recordar que Gallinate fue enviado a la cárcel el 5 de febrero de 2022, acusado por presunto sobreprecio en la compra de pruebas de antígeno nasal, y fue liberado 12 días después, el 17 de febrero.
A diferencia de lo que sucede con otras autoridades opositoras que son encarceladas, Gallinate estuvo recluido menos de dos semanas y, algunos meses después, se inscribió como militante del MAS.
La autoridad argumentó que cambió de partido para realizar una mejor gestión, en beneficio de Colcapirhua, pero en la opinión pública se manejan otras hipótesis, una de ellas es que busca liberarse de cualquier riesgo de ser encarcelado.
En Cochabamba, el alcalde Manfred Reyes Villa es cauto a la hora de opinar sobre las acciones del Gobierno o sobre el caso de la aprehensión del gobernador cruceño Luis Fernando Camacho.
Reyes Villa ha sido acusado por legisladores del MAS en varios frentes y tiene procesos en curso, tal el caso de la represa Quecoma.
En Santa Cruz, el alcalde Jhonny Fernández, de Unidad Cívica Solidaridad, afirmó que no será parte de las movilizaciones porque “alguien tiene que trabajar en Santa Cruz”. Esta situación ha desatado críticas de varios sectores, sobre todo de aquellos que apoyan al gobernador Camacho, hoy detenido en el penal de máxima seguridad Chonchocoro.
La consigna de algunas autoridades pareciera ser, recurriendo a la popular frase, “si no puedes con tu enemigo, únete a él”, evitar problemas legales a toda costa, con el fin, primero, de anular la posibilidad de un encarcelamiento y, segundo, facilitar la gestión en sus municipios.
Las autoridades de los diferentes niveles tienen que coordinar en forma permanente, sin importar si son de diferentes partidos políticos, pero eso no implica que, por garantizar su cargo, deban cambiar de sigla, cometiendo “transfugio”, o quedarse callados cuando se cometen atropellos contra algunas personas.
Mostrar desacuerdo con alguna acción que realiza una autoridad es saludable, porque permite corregir los errores que se puedan cometer. Es más enriquecedor tener una amplia diversidad de criterios para que la construcción de la democracia beneficie a todos.
