Cuando ya se había encontrado una vía de salida a la larga crisis del censo, nuevamente retornó la confrontación desde el 28 de diciembre del año pasado, luego de lo que en Santa Cruz se considera secuestro del gobernador de esa región, Luis Fernando Camacho, y su posterior detención preventiva por cuatro meses en Chonchocoro.

Se han registrado cotidianamente, en la capital oriental, fuertes enfrentamientos entre la Policía, que ha cometido excesos en sus operaciones de represión, y la ciudadanía que protesta y exige la liberación y un debido proceso para el gobernador Camacho; además, los cívicos han apoyado los bloqueos viales y las vigilias en instituciones estatales, que traban las actividades regulares del ámbito público en esa dinámica región. Y se investigan hechos como el incendio de las dependencias del Ministerio Público, de la Gobernación y los daños en otros edificios estatales. 

En este panorama complicado, se han realizado ayer ocho masivas marchas en el país, que ya no sólo reclaman la libertad del gobernador de Santa Cruz, sino que han configurado un movimiento con una agenda de mayor alcance, que reivindica la democracia y la restauración del Estado de Derecho, pero también la liberación de 183 presos políticos del Gobierno. Como se puede advertir, a medida que se prolonga el conflicto, las demandas ya no son específicas y cuestionan problemas de fondo que causan una confrontación permanente entre el centralismo y la región con mayor poder económico.

El Ejecutivo no ha revelado otra estrategia que la que aplica cuando se presentan estos conflictos y que consiste en la apuesta al desgaste y al cansancio, como ya ocurrió en la crisis del censo, que derivó en un paro indefinido de 36 días, con cuantiosas pérdidas económicas, y a manifestaciones y declaraciones beligerantes de los dirigentes de los grupos corporativos masistas. La diferencia, ahora, es que los cívicos han resuelto que los alimentos que se producen en Santa Cruz no lleguen a los mercados locales, lo cual ha derivado en un gradual aumento de precios de productos de consumo básico como la carne de res y de pollo, entre otros artículos, lo cual afectará la economía de la población y también la del sector productivo oriental. 

Sin vías abiertas al diálogo, lo cual revela posiciones cerradas tanto en el Gobierno como en la dirigencia cívica cruceña, el conflicto se ha enfilado, tras las marchas en las regiones, a la convocatoria a un cabildo nacional, bajo la iniciativa de lograr la participación de todos los sectores que reclaman por la libertad de Camacho y por el cese de la persecución política.

Lo que se busca consolidar ahora, desde el movimiento cívico, es la unidad de las protestas, de tal modo que en la agenda compartida figuren reivindicaciones más profundas. ¿Hasta dónde puede llegar una iniciativa de esta naturaleza, que agrupe a toda la disidencia del país? La duda se despejará si hay respuesta a ese cabildo nacional, que debería ser ahora el centro de las preocupaciones del Gobierno.