El gobierno del MAS no quiere reformar el sistema judicial porque (como está) le permite no solo la vulneración sistemática de los derechos y garantías de los ciudadanos, sino también “legalizar” los abusos de poder y el terrorismo de Estado. En la detención del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, se han cometido por ejemplo una serie de ilegalidades como ejecutar un mandamiento “inhabilitado” por la vacación judicial y el juez instructor tenía que invalidar esa detención; sin embargo, hizo exactamente todo lo contrario: convalidó y legalizó el secuestro de Camacho.

El caso del gobernador cruceño (no es el primero ni será el último), viene a desnudar porqué los gobiernos del MAS (de Evo Morales y Luis Arce) se resisten a emprender una profunda reforma judicial que restablezca la independencia judicial y el Estado Constitucional de Derecho. Sin embargo, el grupo de juristas independientes comienza la recolección de firmas que pretende la reforma constitucional, vía referéndum. El documento de los juristas luce completo e impecable y contiene la exposición de motivos, el contenido y el posible texto constitucional.

Los juristas quieren cambiar la perversa injerencia política en la justicia que permite la persecución política; aumentar el presupuesto judicial; resolver la falta de acceso a la justicia; la secundarización de la justicia indígena originaria campesina; el abuso de la detención preventiva y el hacinamiento carcelario; establecer la carrera judicial; erradicar la politización del nombramiento de las Altas Cortes, entre otros.

La propuesta de los juristas coincide con las conclusiones del relator de la Organización de las Naciones Unidas, Diego García-Sayan, en el sentido de que una justicia independiente y accesible es central para la vida digna y el disfrute de los derechos humanos. Y Bolivia es parte de instrumentos internacionales que contienen y apuntalan las obligaciones de contar con una administración de justicia independiente, imparcial y accesible.

La idea fundamental es despojar a la Asamblea Legislativa de la potestad que tiene de hacer la preselección de candidatos, mecanismo que ha permitido al partido azul controlar a las autoridades judiciales. La reforma de la Constitución busca introducir una “Comisión Nacional de Postulaciones”, que tenga carácter permanente, integrada por nueve (9) personalidades independientes, cuya designación por 10 años correspondería realizar a la Asamblea Legislativa, y proponer candidatos al sistema universitario; a las organizaciones de la prensa; al Colegio Nacional de Abogados; a la Asociación Nacional de jueces y magistrados y al Sistema Indígena Originario.

La referida Comisión Nacional sería un órgano constitucional, con autonomía orgánica, administrativa y funcional de funcionamiento permanente, que desempeñaría las funciones de convocatoria y selección de postulantes previa comprobación pública y transparente de probidad e idoneidades y de elaborar las ternas de postulantes para la designación de las Altas Cortes. Las ternas que confeccione la Comisión Nacional (que serían vinculantes), se enviarían a la Asamblea Legislativa para que este Órgano del Estado proceda a la designación respectiva, por 2/3 de votos del total de los miembros. Y en la eventualidad de que los legisladores intenten bloquear o boicotear las designaciones contenidas en las ternas independientes, se tenga por designado y elegido al candidato más y mejor calificado de cada una de las ternas.

El cambio constitucional busca no sólo restituir y garantizar la independencia, imparcialidad y competencia a las máximas autoridades judiciales, sino fundamentalmente fortalecer al Órgano Judicial. Este fortalecimiento institucional debe comenzar no solo cualificando los cargos jerárquicos, sino igualmente reconociendo los cargos vitalicios de los jueces y juezas, imponiendo exámenes de competencia y oposición, el funcionamiento real de la “Escuela de Jueces del Estado” y la evaluación periódica de forma que se instituya, con carácter obligatorio y permanente, la formación y capacitación sistemática de los jueces. Por cierto, la seguridad jurídica y ciudadana, depende del fortalecimiento institucional, y la meritocracia del cuerpo de jueces y juezas.

La falta de independencia, imparcialidad y competencia del cuerpo de jueces y juezas degrada al poder judicial, genera corrupción, pobreza, y termina poniendo en riesgo la viabilidad y sostenibilidad del Estado. Si en este 2023 no recuperamos la justicia, podemos perder la democracia.