Resulta tentador intentar rebatir los argumentos estériles del Movimiento al Socialismo (MAS) si es que se han de considerar argumentos como tal. Las arengas, que más bien pretenden ser una justificación sin sentido sobre el supuesto golpe de Estado, ponen en evidencia el odio del que están revestidas. ¡Venganza, gritan! Como los violentos que incendian las viviendas de líderes opositores y periodistas. ¡Justicia, invocan! Quienes desde la palestra judicial dictan sentencia sin ser arbitro ni juez, a conveniencia y discreción de su oportunismo político. ¡Revancha, sostienen! Quienes a golpe de gas y bajo su máscara azul persiguen y amedrentan a ciudadanos pacíficos.

Pero no sigamos. Refutar la retórica árida, vana y hueca del masismo hacia ellos mismos es como en su día embestir contra los tuits de Evo Morales o las arengas de sus ministros más oscuros: un ejercicio ingenuo y al final degradante. Todos los bolivianos demócratas sabemos qué ocurrió entre octubre y noviembre de 2019, revolución que dejó millones de testigos noblemente bautizados como ‘pititas’.

Frente a la intención de este gobierno autoritario de consolidar su régimen a costa de los derechos y libertades de los ciudadanos, lo que hay que hacer es movilizarse, plantar cara al gobierno desde la calle. Esto Bolivia lo sabe y conoce muy bien. La calle nunca es fácil. Pero hay momentos en que es obligatoria. Y probablemente desde los veintiún días en 2019 la calle no ha sido más obligatoria que ahora.

La ciudadanía es consciente de la impericia desbocada en las acciones autoritarias de Luis Arce para producir inestabilidad constante, pero también del estado en que se encuentra la oposición política y las iniciativas que desde la administración pública se impulsan: la demanda por el censo ha sido determinante para catalogar los objetivos de una oposición mermada en su acción institucional y debilitada en su fuerza territorial. Por ello, el epicentro del conflicto y la solución hoy se concentra en Santa Cruz, el resultado del paro de 36 días no es menor para asimilar las condiciones en las que se encuentran las fuerzas políticas en Bolivia, ni lo será en el futuro para brindar alternativas políticas reales frente a un autoritarismo que intentará seguir la senda de sus aliados populistas en el continente.

Entonces, la conciencia ciudadana es el impulso principal para que una movilización ciudadana tenga éxito: entender que la única posibilidad de cambio, presión y retraimiento del régimen hoy radica en la ciudadanía, en su organización y movilización. No es baladí considerar que la fuerza del movimiento ciudadano es la herramienta más poderosa de una sociedad que vive inmersa en un desequilibrio permanente y en dinámicas violentas impulsadas por un gobierno que ha capturado todas las instituciones públicas, por lo tanto, la vía institucional se reduce a un mero enunciado y, en su caso, a un instrumento para fraguar el cumplimiento de los objetivos del captor, como ahora ocurre con la Policía Nacional o el sistema de Justicia.

Pero no solo basta con la protesta y la unidad como elemento de concentración del poder en la calle ni todo lo que ello implica para llevarlo a cabo. Es indispensable que la presión social esté acompañada de un liderazgo con visión a largo plazo –resistencia táctica de la ciudadanía, asimilando que la situación de conflictividad y gobernabilidad no se resolverá con la resolución de este conflicto a propósito de Luis Fernando Camacho– y con una estrategia pensada para articular alternativas de oposición sólidas que hagan frente al gobierno de Luis Arce hasta las elecciones generales de 2025.

Ahora bien, se debe dejar de lado los maximalismos que en este momento pueden ser contraproducentes, y que son utilizados por el masismo como combustible para reforzar sus aspiraciones por medio de la violencia y el enfrentamiento. Considerando las voces que surgen especialmente desde Santa Cruz acerca de la propuesta de federalismo o alguna especie de autodeterminación (el estudio de la relación con el Estado boliviano), cabe señalar que el resultado de tal propuesta es impredecible. Así como lo es el mensaje que envuelve una motivación de difícil asimilación y, por tanto, defensa, como que el centralismo es el mal causante de los problemas que hoy padecemos. Sin duda, el centralismo es un problema, pero hoy nos enfrentamos al autoritarismo y a los afanes dictatoriales del gobierno, no al sistema de administración política en sí mismo como principal asidero del actual conflicto. Por ello: visión antes que tentadores atropellos, reflexión por encima de la fácil efervescencia.

Es natural pensar que Santa Cruz puede sostener la bandera de la oposición política y social de Bolivia frente al gobierno del MAS, es en esa región donde más se acumuló el capital político desde el 2019 y, sobre todo, con la reciente demanda por el censo. En esta instancia es muy importante pensar en una alternativa estratégica a largo plazo, aprovechando las circunstancias, y plantear, ahora sí, una vía que canalice las carencias que la sociedad boliviana sigue padeciendo hacia un proyecto político que articule una propuesta para el fortalecimiento de las instituciones, la justicia y la independencia de poderes, sin alimentar la fragmentación y la polarización, buscando alianzas y consolidándolas más allá de las fronteras regionales.

Luis Arce seguirá desplegando su táctica de represión, persecución y amedrentamiento hacia los ciudadanos y la oposición política, la receta caudillista y autoritaria la conocemos y también sabemos qué puede desencadenar. Es importante poner en evidencia al régimen, deslegitimarlo, generando un discurso de fuerza: la libertad como antídoto frente a la involución del autoritarismo, la reforma del sistema de justicia como prolegómeno al cambio radical de la podredumbre institucional en la que está inmersa Bolivia, una unidad que genere concordia, consenso y cooperación frente al totalitarismo y la violencia, síntomas identitarios del MAS y sus adeptos.