El sistema judicial en la disyuntiva golpe o fraude

Si en noviembre de 2019 hubo golpe, se justifica la detención del gobernador de Santa Cruz Luis Fernando Camacho. Si fue golpe se justificaría la detención y procesamiento de Jorge Quiroga, Samuel Doria Medina y las demás personas que participaron en las reuniones que dieron lugar al cambio de gobierno de Evo Morales a Jeanine Añez, principalmente las que tuvieron lugar en la Universidad Católica, incluidos los personeros de la Iglesia Católica, la Unión Europea y la embajada de España. La misma suerte debían sufrir altos dirigentes del MAS que estuvieron en dichas reuniones, como Adriana Salvatierra; después de todo esos dirigentes fueron parte de las negociaciones y acuerdos que tuvieron lugar, como por ejemplo la condición de que Morales salga del país antes de poder llegar a cualquier concertación.

Si fue golpe se justifica la crítica de sectores del MAS al gobierno de Arce Catacora en sentido de que éste no procesa a los demás dirigentes de oposición, como Carlos Mesa, que supuestamente también fueron responsables del golpe.

Si fue golpe también se justificaría la detención y procesamiento de los diputados y senadores del MAS de ese entonces, principalmente de Eva Copa y Sergio Choque que asumieron la presidencia, respectivamente, del senado y de la cámara de representantes, dado que no sólo no denunciaron el golpe y actuaron en consecuencia, sino que con las leyes que aprobaron confirieron legalidad y legitimidad al gobierno de Añez, manteniendo de ese modo su propia existencia y vigencia hasta el último día de ese gobierno.

Por último, se justificaría la detención y procesamiento de los miembros del Tribunal Constitucional Plurinacional que avalaron la ascensión al poder de Añez a través de sus pronunciamientos oficiales, declarando por bien hecha la sucesión de Morales a Añez como presidenta constitucional.

En cambio, si se perpetró un fraude en las elecciones de octubre 2019 se tendría que detener y procesar a los autores de dicho supuesto fraude, vale decir, Morales y aquellos de sus colaboradores inmediatos que se supondría lo planificaron y dirigieron, así como a los miembros del Tribunal Supremo Electoral de ese entonces y demás operadores que realizaron la mecánica del fraude en los niveles operativos.

De igual modo, tendrían que ser detenidos y procesados aquellos miembros del MAS de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) –así como de sus mandantes en el MAS que dieron la orden- que estaban en la cadena de sucesión para asumir la presidencia, que renunciaron a sus cargos con la intención de sabotear la transición que se estaba tratando de llevar a cabo constitucionalmente.

Por último, se tendría que detener y procesar a los autores intelectuales y materiales de los hechos violentos que perpetro el MAS en los días en que se dio el cambio de gobierno de Morales a Añez y durante el gobierno de esta última.

Naturalmente que, en una situación en la que existiera un genuino estado de derecho, así no haya existido golpe y el gobierno de Añez haya sido constitucional, se tendría que enjuiciar a todos los que violaron la ley en su gobierno, no solo en actos de corrupción sino, principalmente, por las muertes acaecidas en Sacaba y Senkata a manos de las fuerzas del orden, empezando por la Presidenta Jeanine Añez, la cual tendría que estar sujeta a un juicio de responsabilidades si así lo determinara la ALP a través de un voto que en última instancia sería político, y a través de toda la cadena de mando hasta aquellos que podrían haber sido responsables de dar las ordenes de disparar, o los que dispararon sin recibir órdenes, cuando los manifestantes ya huían y se dispersaban, con lo cual habrían excedido un uso razonable de la fuerza.

Claro está que, en un verdadero estado de derecho, donde el sistema judicial, incluida la Fiscalía, es verdaderamente imparcial, independiente y competente, primero se haría una investigación imparcial y rigurosa de los hechos y se respetaría el debido proceso antes de acusar y privar de libertad a las personas implicadas, ya sea del supuesto golpe o del supuesto fraude. El hecho de que la Fiscalía y el sistema judicial acusen, encarcelen y condenen sólo a los dirigentes de la oposición denunciados de ser autores del golpe, no así de masistas involucrados en la transición al gobierno de Añez, y no sólo no investigue a los supuestos autores del fraude sino que exonere a las personas que fueron imputadas de participar en él durante el gobierno de Añez, es una prueba más, como si esta fuera necesaria, del sometimiento abyecto del sistema de justicia al gobierno del MAS.