En una pregunta parlamentaria, el eurodiputado 'popular' Leopoldo López Gil demanda "medidas restrictivas" contra los miembros del Gobierno boliviano que dirige Luis Arce por "ser responsables de la ilegítima encarcelación" del gobernador del departamento de Santa Cruz.

El PP reclama a Borrell un posicionamiento claro sobre este caso, tras asegurar que la erosión del Estado de Derecho en Bolivia "es una realidad derivada de la progresiva falta de separación de poderes". "Debe cesar las persecuciones políticas", ha afirmado López Gil.

Camacho se ha declarado "preso político" del partido gobernante, el Movimiento al Socialismo, y ha afirmado que su detención por supuesta participación en la crisis política de 2019, "es un caso inventado por su gobierno".

El dirigente opositor es el gobernador de la región más rica de Bolivia e históricamente contraria a los gobiernos del MAS, escenario en el último mes de nuevas protestas y bloqueos, en esta ocasión para oponerse a la ley del censo del Gobierno de Arce.

Su arresto está motivado por su papel en las violentas manifestaciones y protestas que se produjeron después de que la oposición, apoyada por las Fuerzas Armadas, presionara al expresidente Evo Morales a renunciar a su triunfo en las elecciones de octubre de 2019.