Frente a las diversas situaciones que confronta el país, debería regir un mandato que se haga principio: “Importa más el país que los intereses partidarios y privados”. Muchas veces en la historia nacional se han sostenido posiciones en que parecía, evidentemente, que se tomaba conciencia de la importancia de darle al país más que pedirle y actuar en consonancia con ello; pero, generalmente, más han podido las conveniencias e intereses político-partidistas y personales, y todo lo que padece la nación resulta postergado, sin importancia.

En los últimos meses se viven situaciones especiales por las actitudes asumidas por las partes; una, del gobierno y su partido que, parecería, habría asumido la propiedad absoluta, y, por ello, aun sin anunciarlo, el asumir un derecho que nadie les dio; creer en la vigencia de un solo partido y de quienes éste designe para el manejo de la nación. Por otra parte, la acción generalmente dislocada, desunida, incoherente y totalmente ajena a lo que convendría a la comunidad nacional como es la unidad por parte de los que creen conformar la oposición donde cada partido o facción o grupo expresa criterios y opiniones alejados de la realidad o, simplemente, dirigidos a descalificar al gobierno.

¿Cuánto de ambas posiciones favorece al país? ¿Qué beneficios logra cada una de las partes y cada partido en particular con posiciones no acordes con los intereses y conveniencias generales? ¿Cuál creen ellos que debería ser la reacción de la población ante cuestiones que no se sabe qué son, qué buscan, qué pretenden y a dónde van? ¿Han sopesado esos grupos - gobierno y oposición- cuáles son realmente los problemas nacionales y cuáles podrían ser las soluciones? ¿Considera cada uno que lo que hace y dice favorece a la unidad? ¿Serían capaces de creer que están en posiciones concordantes con los intereses generales de la colectividad y que contribuyan a la unidad para enfrentar la pobreza y los múltiples problemas que aquejan a la nación?

Así, en ámbito de diferencias radicalizadas, el gobierno y su partido muestran su posición intransigente de re-repostular nuevamente al Sr. Evo Morales el año 2019 y para ello adopta todo tipo de posiciones que buscan o crean condiciones para judicializar a personajes de los partidos de oposición. Resultan víctimas propicias, hasta el momento, dos ex–presidentes de la República, el señor Carlos Mesa G., a quien se imputa el caso Quiborax que el país debía defender a partir del tiempo en que Mesa ya no era Presidente. Por otra parte, el caso del Ing. Jorge Quiroga R. que también tiene como “espada de Damocles” trámites judiciales que pretenden seguramente inhabilitarlo para cualquier candidatura el año 2019.

Posiblemente otros personajes contrarios al gobierno tengan sobre sus cabezas acusaciones y juicios que los pongan en tela de juicio ante la comunidad nacional. ¿Qué se busca con todo esto? ¿Quedar el MAS como única opción partidista posible para el año 2019? Por su parte, quienes figuran como oposición dirigen sus críticas y artillerías verbales contra el gobierno y su partido con miras a hacerlo inaceptable para el posible electorado, solo tomando como bandera la frase “Bolivia dijo no”. Ellos, como opositores, actúan alineados en sus propias conveniencias e intereses sin darse lugar a la unidad, a entender que desunidos y hasta confrontados -como ocurre con algunos diputados hasta del mismo partido que caminan por las sendas de la pelea y la disputa inútil-.

Lo que corresponde, por equidad y justicia, es que ambas partes analicen cuidadosamente los grandes problemas que atingen al país; que el caso de judicialización sea examinado consciente y responsablemente; que faltas y delitos que se atribuyen a ex–Presidentes de la República sean cuidadosamente examinados y sin apasionamientos ni complejos político-partidistas y se vea realidades sin parcialización ni menoscabo de la verdad. Que haya entendimiento y se obre en consecuencia; que el caso Quiborax sea tratado con serenidad y atenidos a la verdad reconociendo que los resultados para el pago de un monto millonario fue una precipitación; que el trámite y fallo del CIADI se llevaron a cabo cuando el Sr. Mesa no era Presidente; que las partes reconozcan lo mal hecho, lo no enfrentado oportuna y judicialmente; lo precipitado de una resolución totalmente injusta y hasta atrabiliaria que conjuntamente -gobierno y oposición-, concilien criterios y soluciones a situaciones que separan, desunen, enfrentan y producen discordias; que todos actúen con sentido de país y vocación de servicio. Que entiendan, finalmente, que nadie en el pueblo aceptaría que haya unidad para defender lo injusto, lo atrabiliario, lo indebido, lo que sea contrario a los intereses del país porque la vigencia de la justicia en libertad y democracia debe practicarse sin mengua ni reparo alguno.

Nuestro país, tal vez como en ningún tiempo, requiere de una unidad sólida y nadie que tenga responsabilidad y convencimiento de las urgencias y necesidades de la nación, puede negar su concurso para que haya unidad, conciencia de país ante todo lo que se debe enfrentar tanto interna como internacionalmente.