Asimismo, exhortó a las autoridades competentes a cumplir su rol constitucional, garanticen la seguridad jurídica para generar confianza en la ciudadanía y mantener las operaciones del aparato productivo y de servicios, que tiene el objetivo de producir bienes para el abastecimiento de la sociedad y la promoción del empleo digno.

“Advertimos que un clima de convulsión social genera desconfianza para las nuevas inversiones, provoca fuga de capitales extranjeros e incrementa la informalidad, contrabando y desempleo. Demandamos que todo acto de las autoridades esté enmarcado en la Constitución y el respeto a las leyes como base fundamental para el desempeño de la economía en un marco de confianza. Es imperativo que se maximicen los esfuerzos para restablecer la paz social, en el marco de la ley, el entendimiento y el respeto para no lamentar daños irreversibles a las libertades, la economía y las actividades empresariales”, indican en el documento.

Finalmente, ratifican su vocación democrática, expresada en los grandes esfuerzos que el sector privado realiza para la provisión de bienes y servicios de primera necesidad, además, pidieron que las autoridades busquen salidas legales a la presente crisis para que todas las actividades de la economía tengan certidumbre para garantizar el trabajo y el crecimiento económico.