Pero en Bolivia, la transición del 2022 al 2023 es una de las más tristes de la historia. Diríase que no hubo nada para celebrar y que pasará algún tiempo, esperemos que no mucho, para que pueda alzarse nuevamente la copa de los buenos augurios.

Las vísperas fueron tan violentas como el año estrenado entre gases, balines, incendios y detenciones injustas. Que se sepa, en los anales de la ajetreada historia nacional no hubo un año nuevo similar, ni un gobierno – ni siquiera los más violentos y autoritarios – que hubiera optado por arremeter con semejante odio contra una región del país precisamente a la hora en que lo habitual son los abrazos y no la violencia oficial.

Nada, nada justifica lo que está ocurriendo. Nada justifica los gritos de odio y discriminación con los que la policía ordena la represión, nada justifica las detenciones de decenas de ciudadanos simplemente por exigir la liberación de un gobernador encerrado por un delito inexistente. Nada justifica que una marcha ciudadana pacífica sea reprimida y que dirigentes y asambleístas sean objeto de agresiones.

Es inconcebible que una región reciba un trato de enemigos. Si algo ha hecho Santa Cruz en las últimas décadas ha sido aportar al desarrollo económico del país y convertirse en el departamento que abrió sus puertas a centenares de miles de bolivianos que no encontraban oportunidades en sus propias regiones.

Hoy, tres de cada diez habitantes de Santa Cruz, vienen de otras partes. Sin las opciones que ofrece esa región posiblemente muchos bolivianos estarían junto a los millones de venezolanos que tocan las puertas de las fronteras regionales de la desesperación.

En Santa Cruz el gobierno ha perdido definitivamente su careta democrática y ha instalado un régimen policial y represivo. Ataca a los ciudadanos, pero también golpea e intimida a los periodistas y amenaza a cualquier disidente. Para el presidente Arce, Santa Cruz es un campo de batalla ideológico y no el poderoso brazo que impulsa el despegue económico del país.

Es inconcebible que más de tres años después, la sed de venganza de un personaje como Evo Morales continúe siendo un factor de división nacional y el origen del comportamiento antidemocrático del gobierno del MAS. Como advierte con valentía la Iglesia Católica, en Bolivia no hubo golpe y, por lo tanto, ninguna de las acciones represivas posteriores que tienen su origen en la mentira tiene fundamento.

Cuando se pensaba que Luis Arce podía marcar distancia con su antecesor, sobre todo después de la campaña “negra” de éste en contra del propio gobierno, el presidente hace exactamente todo lo contrario: sacrifica y entrega su gestión a los altares del odio y transita rápidamente – pese a haber ganado legítimamente una elección – hacia un perfil autoritario. Pierde la oportunidad – ojalá no definitivamente - de ser un gestor de unidad y reconciliación y agrava la división interna con heridas que demorarán mucho en cerrar.

Los males no serán solo políticos o sociales, sino también económicos, porque no se le puede pedir a un departamento agraviado y a sectores productivos castigados que continúen aportando y que desvíen la mirada hacia cualquier parte cuando se cometen injusticias en contra de sus propias autoridades. Por eso, la decisión extrema de los cívicos de evitar que salga un peso de los cruceños al centralismo, mientras no se libere a su gobernador, corresponde, sin duda, a la magnitud del agravio y la violencia gubernamental.

Si el gobierno, como lamentablemente lo demuestra cada día, ha tomado la determinación de utilizar la fuerza contra la disidencia y de manipular la justicia para perseguir y castigar a los líderes opositores, muy pronto lo que hoy vive Santa Cruz llegará a otras regiones y el riesgo de una crisis terminal del Estado será enorme.

Si no hay democracia, paz y respeto a los derechos humanos en Santa Cruz no la hay en ninguna parte del país. La violencia ejercida contra cualquier cruceño lastima e indigna a todos los bolivianos y es probable que esa convicción se refleje en las decisiones que asuman los comités cívicos durante esta semana.

Está equivocado el gobierno si cree que puede aislar Santa Cruz y evitar que el espíritu rebelde de ese departamento vuelva a recorrer todas las regiones. Luis Arce ha roto su compromiso y juramento de hacer respetar la Constitución y eso deja abierta una fisura legal de consecuencias muy graves para la estabilidad del país. Si ha decidido quitarse y decir adiós a la careta democrática, lo que viene será peor.