El departamento que provee 75% de los alimentos a Bolivia se ha cerrado por dentro, para que ni un grano de nada salga hacia el resto del país, y el gobierno decidió abrir las fronteras para que del exterior lleguen los alimentos, aunque sin decirlo.

Llega la carne argentina ya sin el freno de la extorsión aduanera y policial boliviana pero no llegan las verduras peruanas, porque allí hay otra guerra en curso que, según el gobierno de Lima, es alentada por el cocalero Evo Morales, ex presidente de Bolivia.

Morales no se disculpa y sigue enviando muchos emisarios a Perú, además de que sigue opinando en Twitter:

“En pleno Siglo XXI en algunos países de América Latina persisten actitudes racistas que desprecian y tratan de someter a los indígenas para mantener privilegios y saquear recursos naturales. Nuestros hermanos en Perú viven una rebelión que no se resuelve con masacres y represión”

Y en Bolivia hay otra guerra más: la que libra el narcotráfico contra el Estado, según la lectura de la realidad que hace el exministro (de Morales) Carlos Romero, convencido de que ahora las mafias están más fuertes que antes.

Con tanta guerra de por medio, nadie tiene tiempo para ver el terremoto económico que se avecina en Bolivia, no solamente porque falten alimentos, sino porque los países que compran gas natural desde la década de los setenta, como Argentina, revelan que el gas boliviano se acabó.

La petrolera estatal, YPFB, admitió que se ha concentrado en proveer de gas natural a Brasil, que es de lo que habló Arce con Lula da Silva el 1 de enero en Brasilia. Dice que no se propone descuidar la atención del mercado argentino, pero en los pasillos de la empresa estatal se comenta que los pagos de Argentina por el gas están muy atrasados.

Decidido a no admitir que cometió un error al detener a Camacho, el gobierno de Arce anuncia nuevas detenciones, y amenaza con revertir para el Estado las tierras donde se producen los alimentos que ahora Santa Cruz no quiere enviar al resto del país.

El gobierno anuncia nuevos cargos contra Camacho y éste se define como un prisionero del MAS, pero llama al país a estar preparado para la caída definitiva de ese partido.

Desde el gobierno se prepara nuevas detenciones de dirigentes cruceños para acusarlos de los hechos de vandalismo cometidos por agentes del gobierno.

Según informaciones que circulan en Santa Cruz, el gobierno de Arce habría logrado que oficiales de las Fuerzas Armadas, por lo menos de la Fuerza Aérea y la Naval, hayan aceptado participar en el control de la capital oriental.

El coronel retirado Jorge Santiesteban fue más allá y dijo que los militares estarían decididos a interrumpir la democracia para adelantar las elecciones, en lugar de las previstas para 2025.

Eso, si fuera cierto, sería una bendición para Luis Arce, que ahora ve cómo llega la amarga cosecha de los errores que él cometió como ministro de economía entre 2006 y 2017.

Pocos tienen tiempo para meditar en lo que dice Romero sobre el narcotráfico. Dice que se trata de un Estado paralelo que a veces penetra el Estado formal, pero que ahora ha comenzado a dispararle por las disputas que se han desatado entre diferentes mafias.

Romero asegura que hay territorios “inaccesibles” para el Estado boliviano, como el Alto Paraguá, en el sur de Santa Cruz, donde opera un cártel que envía cocaína a Paraguay y Argentina desde pistas clandestinas que las autoridades no pueden clausurar, ni bombardear.

Según Romero, hay personas en el país que opinan a favor del narcotráfico con el argumento de que por lo menos hace que haya dinero circulando. Con más precisión, el hijo de Pablo Escobar opina desde Colombia: “El narco, muchas veces, es el primero en ofrecerle oportunidad a la gente y no el Estado”.

Desde la cárcel, Camacho envió un mensaje que leyó uno de sus hijos, en que dijo que el MAS “se está desmoronando y en su caída está destruyendo el país”, por lo que llamó a luchar para restaurar la democracia y la libertad.

Por el momento, Camacho debe cumplir una condena de cuatro meses de detención “preventiva” dictada por un juez que había sido expulsado del poder judicial en 2016. A propósito de ello, Juan del Granado, ex alcalde de La Paz, dijo que la justicia boliviana “está putrefacta”.

De todos modos, el MAS prevé nuevas elecciones para designar otros jueces en el curso de este año.

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