“Necesitamos 15% del padrón electoral de cada departamento y a nivel global el 20%. Entonces, de acuerdo al cálculo que hemos hecho –porque hay un trabajo logístico que ya se desprende un poco de lo jurídico–, vamos a poner aproximadamente 600 puntos de recolección de firmas en todo el país”, explicó Khatia Saucedo (KS), integrante de Juristas Independientes.

En entrevista con Página Siete, Saucedo junto a Marco Baldivieso (MB), exmagistrado, y Juan del Granado (JDG), abogado y exalcalde de La Paz, dieron detalles sobre la iniciativa que impulsan. Del Granado explicó que una vez que los libros estén en las calles, tendrán el desafío de recabar un millón quinientas mil firmas en tres meses.

El jurista informó que editarán 15.000 libros y que está en imprenta un primer lote de 4.000. Anunció que, al mismo tiempo de iniciar la recolección de rúbricas, comenzarán una campaña de captación de recursos para financiar el resto de los libros.

¿Cómo podrían resumir a qué apunta la reforma que plantean?

KS: La reforma tiene un centro esencial que está vinculado a lograr encaminar este proceso a una justicia independiente, imparcial y objetiva. Para eso, estamos tomando algunos puntales esenciales. El primero es modificar el sistema de selección de altos magistrados y magistradas, que ejercen función jurisdiccional en el país, porque consideramos que el sistema actual no permite alcanzar independencia, objetividad y alejamiento del sistema jurisdiccional del poder político, que es un tema esencial para la independencia.

El segundo elemento fundamental es dotar al Órgano Judicial de un presupuesto idóneo. Estamos planteando un 3% como presupuesto mínimo. El otro elemento importante es la incorporación en el texto constitucional de la justicia de paz, para coadyuvar en la solución de un enorme problema que tiene la administración de justicia que es la retardación de justicia y la mora judicial.

Y finalmente: la revalorización de la justicia indígena. Si la justicia indígena recupera sus competencias primigenias, sus problemas van a ser solucionados en el ámbito de la justicia indígena originaria campesina y no van a pasar a engrosar las filas de los casos que están en el sistema jurisdiccional, esperando resolución.

¿Por qué en la propuesta mantuvieron el voto popular y no lo quitaron?

JDG: Yo creo que hay dos razones. La primera es, diría, de orden constitucional. Los derechos individuales y colectivos, especialmente los que están inscritos en la Constitución tienen un carácter progresivo. Cada vez, la sociedad pretende y logra alcanzar más y mejores derechos.

Puede no gustarle a mucha gente que el voto popular sea un mecanismo para la elección de magistrados. Bueno, es un derecho que está en la Constitución y no podemos afectar ese derecho. Tenemos que mantenerlo, porque si no sería una visión regresiva que podría ser tachada de inconstitucional.

Este es el primer elemento: Entendemos que el voto popular para la elección de magistrados es un avance progresivo en la ampliación de los derechos colectivos. Pero, en segundo lugar, claro, está mal diseñado eso, y hemos planteado por eso la cualificación de ese voto popular para que efectivamente la gente elija, y por ello esta Comisión de calificación de méritos es una comisión absolutamente ciudadana independiente. Eleva ternas, ya no listas, sino ternas con los más calificados a la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa hace una primera designación por dos tercios, y la decisión final está en el pueblo, está en el voto popular, a través de un referéndum, que ratifica por un lado la selección por los méritos en la Comisión de calificaciones y por otro lado la designación en la asamblea.

¿Cuán importante es el voto en el diseño establecido en la nueva Constitución?

MB: El tema del voto del ciudadano parte de un principio constitucional básico de cualquier Estado en el mundo, es el principio de soberanía popular. Quien ejerce el verdadero poder público en el Estado no es el Gobierno, todas las autoridades son servidores públicos, servidores del pueblo. O sea, quien tiene la última palabra, la decisión definitiva es el pueblo y las autoridades están al servicio del pueblo. Ese es el principio básico de soberanía popular que está en la Constitución.

Ahora bien, la democracia participativa, que también se ha implementado en esta nueva Constitución, ya le permite al pueblo participar directamente.

Antes, con la representativa uno tenía que buscar a los senadores a los diputados y a través de ellos ejercer ese poder público. Actualmente, con la democracia participativa y con un mecanismo específico, el referéndum, en el referéndum el ciudadano va y a través del voto expresa un mandato vinculante al Gobierno. O sea, el resultado que salga de las urnas es una orden del pueblo a su servidor público que es el Gobierno.

Recibieron más de un ataque desde el Ejecutivo, ¿a qué lo atribuyen?

JDG: Más bien, parecería que el Gobierno o cambió de criterio o está ocupado en otras cosas, o finalmente ha visto por conveniente que sea la ciudadanía la que vaya expresando sus criterios. Digo esto porque el único personero gubernamental que se ha manifestado en contra de nuestra propuesta es un señor de apellido Lima, don Iván Lima.

No ha habido ninguna otra voz en contra ni siquiera críticamente hablando de parte del Gobierno. Pero mira, es bueno reiterar esto: nuestro propio denominativo, somos Juristas Independientes, bueno, además, hay dirigentes cívicos, dirigentes sociales, ya no solamente son juristas, ya no somos 10, ya no somos 200, pero somos independientes, porque no estamos vinculados al Gobierno y tampoco estamos vinculados a la oposición político-partidaria.

Desde que iniciaron, ¿cambió o se enriqueció la propuesta?

KS: Comenzamos los 10 juristas, que fuimos los que redactamos una primera propuesta. Esa primera propuesta no es la que está corriendo trámite legal. Luego, iniciamos un proceso de socialización y estuvimos en los nueve departamentos del país, socializando la propuesta, exponiendo los fundamentos y en ese proceso aparecieron una serie de recomendaciones, que fueron incluidas en la versión final de la propuesta que hemos presentado al Tribunal Supremo Electoral (TSE).

¿Cuáles son los cambios esenciales? Uno, por ejemplo, es que de manera sistemática en los nueve distritos nos pidieron incorporar al Fiscal General del Estado en este proceso diferente de selección de altas cortes y altas autoridades.

Es decir que tenemos en el escenario Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura y Fiscal General del Estado. La otra sugerencia, que es importante, es que nos decían: cómo van a garantizar la paridad de género, que haya magistradas mujeres y magistrados varones, en igualdad de condiciones e igual número.

Entonces, lo que hicimos fue establecer que cuando la comisión de postulaciones emite la terna que se va a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), emite una terna masculina y una terna femenina. En consecuencia, ahí hay una posibilidad de garantizar la paridad de género.

¿Cuáles fueron los principales obstáculos que afrontaron?

JDG: A fines del año 2021, hicimos una primera presentación y el año 2022 hasta junio llevamos adelante un proceso de difusión y consulta, y una primera reacción muy significativa de la comunidad, en Sucre, se formó muy rápidamente un comité departamental. Ahora son nueve comités departamentales.

Digo esto para ponerlo en contexto, porque con esta propuesta final, cualificada, con varios aportes de juristas de todo el país es que ingresamos al primer filtro estatal, que es el TSE. Puede haber un criterio distinto de Kathia, de Marco y de otros colegas, pero yo creo que el reclamo principal ha sido la demora, la burocracia, la tardanza.

Claro, este es un trámite que el TSE podía haberlo absuelto en 60 días. Se ha tomado 90 días, se ha tomado tres meses. Yo, personalmente, respeto el criterio de mis colegas, no creo que detrás de esto haya una intencionalidad gubernamental política para malograr el esfuerzo, pero sí ha habido un exceso de burocracia, de demora, y ha tenido varios momentos de dificultades, hemos tenido que plantear memoriales, rectificaciones.

¿La apuesta es de cara a las judiciales de este año, sí o sí?

KS: En realidad, el objetivo de iniciar este proceso de reforma no ha sido precisamente eso, sino ha sido el tema de principios, de dogmas, de alejamiento del ejercicio político en relación al sistema jurisdiccional, pero yo me voy a referir otra vez a la respuesta que dio el presidente del TSE, cuando un periodista le preguntaba por qué usted está sacando el calendario electoral de las elecciones judiciales si hay la probabilidad de que haya un referéndum, impulsado por Juristas Independientes.

Él respondió de manera muy clara. Él dijo: estoy obligado a hacerlo, porque las normas vigentes en este momento son éstas, y las elecciones judiciales, de acuerdo a lo previsto están vigentes y lo tengo que hacer, pero si en el camino la propuesta de Juristas Independientes logra el millón quinientas mil firmas, logra superar el camino del control constitucional en el TCP, en ese momento las normas empiezan a cambiar y tengo que ajustar mi actuación.

Entonces, esa es la respuesta. Nosotros tenemos tres meses para lograr un millón quinientas mil firmas, tenemos además que pasar el control constitucional. Si pasamos el control constitucional finalmente y luego nos vamos a referéndum, el proceso de reforma está consolidado y tendrá que actuarse de acuerdo a esa modificación constitucional y a lo que decía Marco el carácter vinculante y obligatorio que representa un referéndum donde se diga sí a la reforma.

¿Cuál dirían que es la importancia del paso que están dando como Juristas Independientes?

MB: Hay que reconocer que Juristas Independientes está abriendo brechas. Es la primera vez en la historia de Bolivia que se promueve esta iniciativa ciudadana. Tenemos democracia participativa desde la vigencia de la nueva Constitución. Antes, todo se hacía entre diputados y senadores, pero lo que nos ha sorprendido es que la democracia le cuesta al ciudadano.

Yo diría que más que las trabas políticas, ha habido trabas económicas. Somos Juristas Independientes, pero no queremos que nos patrocine un partido político o un país extranjero que quizás pueda aportar. Queremos mantener esa independencia, incluso económica. Por eso, nos está costando comprar 15.000 libros, cuesta el imprimirlos, el sellarlos. También nos querían cobrar por sellar, hacer eso en las notarías, dos millones de bolivianos ¿De dónde? Nosotros no somos gente que consigue recursos de todas partes. Hemos tenido que poner plata de nuestros bolsillos para reunirnos, eso que quede claro.

Estamos abriendo brecha para que el ciudadano, a través de la soberanía popular, participe, se apropie de la democracia. La democracia ya no es propiedad de los políticos, es propiedad del pueblo boliviano.