Medio: Página Siete
Fecha de la publicación: lunes 09 de enero de 2023
Categoría: Institucional
Subcategoría: Tribunal Supremo Electoral (TSE)
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La expresidenta Jeanine Añez afronta un juicio en la vía ordinaria porque durante su mandato designó a una gerente de la Empresa Boliviana de Alimentos (EBA) que no cumpliría los requisitos para dicho cargo. El presidente Luis Arce también designó vocales en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) al margen de lo que establece la Constitución, según una denuncia, pero no es investigado.
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En el caso de Añez se ventila en un tribunal ordinario pese a que el delito habría sido cometido cuando ejercía la presidencia interina de Bolivia, por lo que debería ser juzgada en un juicio de responsabilidades.
El caso de las designaciones inconstitucionales del presidente Arce se encuentra en el TSE, pero la Sala Plena aún no se ha pronunciado.
En noviembre de 2021, la Fiscalía imputó a la expresidenta Añez y solicitó detención preventiva por un lapso de seis meses por la designación “irregular” de Karina Fabiola Leiva Añez de Ruiz como gerente de EBA en el año 2020.
La imputación señala que la exmandataria cometió tres delitos por esa designación: nombramientos ilegales, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes y anticipo o prolongación de funciones.
“La señora Jeanine Añez Chávez, tenía intereses personales, con posible grado de parentesco, generando pérdida y daño económico a la empresa EBA por la designación de una persona que no cumple con los requisitos y carece de una experiencia para el cargo referido lo que ha generado malos manejos administrativos”, se lee en una parte de la imputación de la Fiscalía.
En octubre del año pasado, tres asambleístas de Comunidad Ciudadana (CC) presentaron ante el TSE una denuncia por faltas muy graves y atentatorias contra preceptos constitucionales y disposiciones de la Ley del Órgano Electoral 018, en contra de la vocal nacional Dina Chuquimia y siete vocales electorales departamentales.
En todos los casos por fungir por segunda vez en el cargo, presuntamente de manera inconstitucional y al margen de la ley.
La diputada Toribia Lero junto a sus colegas Juan Gonzalo Rodríguez y George Komadina, presentaron la denuncia ante la sala plena del TSE, en contra de Chuquimia Alvarado, Carlos Ortiz Quezada (Beni), María Betsabé Merma Mamani (Cochabamba), Gustavo Antonio Ávila Mercado (Tarija), Gunnar Jorge Vargas Orgaz (Chuquisaca), Rudy Nelson HuayllasHuarachi (Oruro), Rodolfo José Vera Moreira (Potosí), Antonio Zacarías Condori (La Paz).
La denuncia señala que, durante la vigencia de la actual Constitución Política del Estado y la Ley 018, Dina Chuquimia fue designada como vocal titular del TSE el 17 de enero de 2011.
“Cesó en sus funciones el 27 de mayo de 2015, como efecto de su renuncia personal en un acto voluntario, precedida de denuncias por comprometer su imparcialidad a favor del candidato a alcalde del municipio de La Paz, Guillermo Mendoza, debido a que retuiteó un mensaje de dicho candidato del Movimiento al Socialismo (MAS)”, señala el documento.
Sin embargo, señalan los denunciantes, que mediante decreto 4498 del 29 de abril de 2021, promulgado por el presidente Luis Arce, a pesar de que Chuquimia Alvarado ya había ejercido la función de vocal del TSE entre el 2011 y 2015, nuevamente resultó designada, esta vez por el presidente Luis Arce; es decir, por segunda vez.
“De manera que su conducta se subsume como contraria a disposiciones contenidas en la CPE y la Ley 018, que restringen ejercer más de una vez el mismo cargo de Vocal del TSE”, señala la denuncia.
Según el documento, dicha funcionaria transgredió el artículo 206 de la Constitución, que en su parágrafo II señala de manera textual: “El Tribunal Supremo Electoral está compuesto por siete miembros, quienes durarán en sus funciones seis años sin posibilidad de reelección, y al menos dos de los cuales serán de origen indígena originario campesino”.
La denuncia también cita el artículo 12 de la Ley 018: “El TSE está compuesto por siete vocales, de los cuales al menos dos serán de origen indígena originario campesino. Del total de miembros del TSE, al menos tres serán mujeres, y que las vocales y los vocales desempeñarán sus funciones por un período de seis años, computable a partir del día de su posesión, sin derecho a postularse nuevamente para el desempeño del mismo cargo”.
Por tanto, un decreto no podría estar por encima de una ley, y menos de la Constitución Política del Estado.
Los vocales departamentales también fueron denunciados bajo las mismas figuras.
Después de tres meses de la denuncia, la sala plena del Tribunal Supremo Electoral aún no se ha manifestado.
“La vocal Dina Chuquimia es ilegal, la eligieron para hacer trabajo político, su versión sobre el Gobernador (Luis Fernando Camacho) es política y además una injerencia. Pero de este nombramiento el responsable es el presidente Luis Arce Catacora, quien merece un juicio de responsabilidades”, afirmó el viernes la asambleísta indígena Toribia Lero a Brújula Digital.
