Éste es el caso de la exconcejala de Ancoraimes Juana Quispe, quien fue víctima de “feminicidio político”. A casi 11 años de su asesinato, sus familiares siguen luchando para que se haga justicia.

Este caso ha dado vuelta al mundo y ha consternado al país; sirvió como precedente de acoso y violencia política. En consecuencia, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley 243, Contra el Acoso y Violencia Política Hacia Las Mujeres, que fue promulgada el 12 de mayo de 2012.

Paradójicamente, sus allegados conviven diariamente con el dolor de su pérdida y la impotencia que les produce la impunidad de los responsables de su asesinato.

Justicia y la ley

A casi 11 años del hecho, 13 marzo de 2012, aún no hay sentencia para los imputados; sin embargo, este miércoles 11 de enero los “sospechosos” serán puestos ante un juicio oral.

Los principales señalados por la muerte de Quispe son el entonces alcalde de Ancoraimes, Félix Huanca, y Pastor Cutili y Basilia Ramos, presidente y vicepresidenta del Concejo Municipal, respectivamente. También está involucrada Exalta Arismendi.

“Llegar hasta este momento ha sido todo un vía crucis”, confirmó a LA RAZÓN la abogada Valkiria Lira, quien está llevando el caso.

La jurista aseguró que es un proceso difícil y muy complejo, ya que se han enfrentado a rechazos, imputaciones defectuosas, objeciones, sobreseimientos y negativas de la Fiscalía a realizar una inspección ocular; una triangulación de llamadas, el desdoblamiento de un CD que contiene la denuncia de la exconcejala, cuando Quispe estaba con vida, y la reconstrucción del hecho.

Una muerte anunciada

El cadáver de la exconcejala fue hallado cerca del río Orkojahuira, en la ciudad de La Paz.

La abogada dijo que cuando hallaron el cuerpo sin vida, aún portaba la cuerda en el cuello.

“Ella no tenía dinero y sus dos celulares estaban en sus prendas; fue la primera vez que ella sale con quienes la agredían y apareció muerta”, recordó Lira, y explicó que horas antes se reunió con Huanca y sus acompañantes.

Seis meses antes de su muerte, en septiembre de 2011, en las oficinas de la Asociación de Concejalas y Alcaldesas de Bolivia (Acobol), frente a las concejalas, Quispe entre lágrimas y sollozos advertía que la iban a matar.

“Me atrasaron, me querían hacer renunciar a la fuerza; mi hijo tiene 10 añitos, ni eso respetaron (…) con mis fuerzas dije, no voy a hacerlo (renunciar), si es posible mátenme, estoy dispuesta para morir, mi hijo me va a ver cómo voy a morir”, denunciaba al contar sobre el acoso que sufrió desde que fue elegida concejala por el municipio de Ancoraimes.

La abogada contó que Juana sufrió acoso por mucho tiempo y que para que la dejaran usar su curul incluso tuvo que llegar a instancias judiciales.

Contó que la violencia hacia la víctima comenzó cuando ella pidió dejar de ser concejala suplente, en ese entonces por el Movimiento Al Socialismo (MAS).

“Ella ya no quería seguir siendo suplente, pero el MAS le dice ‘va a seguir siendo suplente’; entonces una organización ciudadana le abre las puertas y ella gana con un porcentaje importante su puesto de concejala. Ingresa con un postulado público de fiscalizar las acciones del alcalde”, dijo.

Esto no fue del agrado de Huanca ni de los concejales, que “no le dejan entrar desde el inicio a ejercer su curul de concejala”.

“Organizaban las sesiones en distintas partes de Ancoraimes, lugares donde no le dejaban entrar; hasta que ella se ve obligada a ir con policías. Y existe la certificación de varios policías”, dijo.

Contó que obstaculizaban su paso con grupos de choque compuestos por familiares de Huanca, aseguró Valkiria Lira.

“La querían pegar. Le echaron cemento en los ojos, le daban golpes, la insultaban”, señaló.

Ante ello, Quispe acudió al entonces defensor del Pueblo, Rolando Villena (+), quien “sacó una resolución defensorial para que este caso se ventile en la Cámara de Diputados”, contó a este diario Casio Villanueva, tío de Juana.

También presentaron un amparo al Tribunal Electoral Departamental, el cual ganó, “pero ni con el primero ni con el segundo la dejaban ejercer su cargo”.

En última instancia, pensando que la violencia hacia ella cesaría, “inició un proceso penal de obediencia a órdenes judiciales y empezó así a citarlos” a sus acosadores. Esto los enfureció más”, dijo.

Pese a ello, el proceso avanzó. Habían pasado ya dos años de la primera denuncia y la presentación del amparo y un juez determinó una audiencia conclusiva.

“Ella estaba ya en una audiencia conclusiva que tenían que entrar (los acosadores) por desacato, a (la cárcel de) San Pedro (en La Paz). Félix Huanca ha entrado (anteriormente), pero solo un día, y con dinero lo han sacado”, dijo.

Aseguró que los acusados no son los autores materiales del caso, sino intelectuales. “Según hemos llegado a concluir, que ellos han pagado Bs 40.000 y que estaba incluido el fiscal que está en la cárcel por corrupción, Humberto Quispe; mediante ellos han conseguido un asesino y le han hecho asesinar”, supuso.

El hombre llegó a esta conclusión al resaltar que esta audiencia estaba programada para el 14 de marzo; sin embargo, el cuerpo de Juana fue hallado dos días antes.

Antes de ser concejala, Juana ya era un personaje político influyente para su comunidad, por toda la labor que hizo. Así la recuerdan sus familiares.

DIFICULTAD.

En las comunidades las dificultades de las mujeres quedan limitadas a decisiones de su organización, que forman parte de un contexto patriarcal, explicó la directora de la Coordinadora de la Mujer, Tania Sánchez.

“El hecho de que (las mujeres) hayan ingresado a espacios que tradicionalmente fueron masculinos genera resistencia; entonces, esto pasa también porque se reproducen subordinaciones de un sistema patriarcal en el cual el ejercicio de los derechos en igualdad de condición choca”, dijo en una entrevista con LA RAZÓN.

El caso de Juana Quispe no es el único en el país. La Asociación de Concejalas de Bolivia (Acobol) está representada por Gróver Sinka Cussi. Esta organización hace seguimiento a las denuncias por acoso y violencia política.

Desde 2018 se implementó el Centro de Atención y Monitoreo de Acoso y Violencia Política, que es un lugar donde se recibe las denuncias y se genera datos.

En 2020, más de un centenar de concejalas presentaron denuncias contra acoso y violencia. En 2021 se recibieron 79 denuncias y en la gestión 2022, al menos 77 autoridades denunciaron.

“Desde 2018 hasta 2022 hemos atendido 560 casos. Los departamentos con más prevalencia de acoso son La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Potosí y Oruro”, detalló a LA RAZÓN.

Reveló que solo el 26% de las denuncias fueron oficializadas en las vías de tratamiento que estipula la Ley 243. Éstas son la vía penal, administrativa, constitucional y la instancia electoral.

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“En la vía penal, es la menor cantidad de casos que se ha llegado a sustanciar, esto debido a diferentes problemas, como la retardación de justicia o los ‘cuellos de botella’ que impiden la efectivización de la Ley 243”, explicó.

Las sanciones y penas

Los procesos son largos, pero las sanciones leves. En la vía administrativa, las faltas se catalogan como: leves, que son una llamada de atención escrita; graves, es el descuento salarial hasta del 20%, y las gravísimas, suspensión de hasta 30 días del cargo.

En la vía penal, la sanción es la privación de libertad; por acoso político, es una pena de dos a cinco años; por violencia política, es de tres a ocho años.

Mientras que en la vía constitucional la sanción es de acuerdo a lo que determine el Juez de Garantías Constitucionales, dijo.

En la instancia electoral, la sanción se rige en la remisión de antecedentes al Ministerio Público. Respecto de las sentencias, Sinka explicó que en el marco de la Ley 243, en la vía penal solo dos casos alcanzaron sentencia; sin embargo, “ninguna de esas corresponde a casos de concejalas o alcaldesas, pese a que son el grupo mayoritario que presentan denuncias por acoso y violencia política” hacia ellas.

Resaltó que la mayoría de las denuncias por presión se camuflan por decisiones personales.

Señaló que la retención de salarios y la divulgación de información falsa para desprestigiar sus funciones de las autoridades son otras de las complicaciones que tienen las autoridades mujeres en el momento de ejercer su cargo.

Por su parte, Sánchez reflejó que también hay situaciones por las que las mujeres se ven limitadas en el desempeño de sus funciones y no se considera, en la sociedad; ésta es la atribución de otras responsabilidades, como el trabajo doméstico, de cuidado de los hijos y la atención en casa.

Pese a ello, en el ámbito electoral las mujeres han alcanzado una participación activa.

Subrayó que la Ley Electoral garantiza paridad y alternancia, lo que significa que el 50% deben ser varones y el otro 50% deben ser mujeres en curules del Estado.

“Los datos de las elecciones del 2020, se ve que en el Senado existe una representación del 55,5% de mujeres; 20 de sus 36 miembros son mujeres, y en Diputados 61 de sus 130 integrantes son mujeres. Llegando casi al 47% del total por primera vez en la historia democrática del país”, resaltó.

Las mujeres van adquiriendo presencia en ámbitos que antes eran considerados para hombres.