La Asamblea Legislativa no tratará en la presente legislatura (2015-2020) el pedido de autorización de un juicio de responsabilidades contra el expresidente Carlos Mesa por el caso Quiborax, debido a la existencia de otros procesos pendientes que deben ser resueltos, informó ayer el vicepresidente Álvaro García.

“La Asamblea Legislativa Plurinacional no va a tratar el tema de Carlos Mesa y el juicio de responsabilidades por el caso Quiborax en esta legislatura, no lo vamos a tratar, porque tenemos acumulado un conjunto de pedidos de autorización de juicio de responsabilidades y el pedido de autorización para un juicio contra Carlos Mesa tendría que ir como corresponde al final”, dijo el Vicepresidente.

El pasado miércoles, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) decidió remitir a la Asamblea Legislativa la solicitud para el enjuiciamiento al expresidente Carlos Mesa y tres de sus exministros por el caso Quiborax, tras un fallo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), proceso por el que el Estado pagó una indemnización de $us 42,6 millones.

García aseguró que están pendientes alrededor de 14 solicitudes de juicio de responsabilidades contra ex altas autoridades del Estado; a su criterio el análisis y tratamiento de los procesos que están en la lista de espera demandarán mucho tiempo. Por ello, insistió en que Mesa tiene la libertad de trabajar en su candidatura, pero sin usar el tema del juicio.

VICTIMIZACIÓN

García dijo que, con esta determinación, el expresidente no podrá continuar utilizando el tema del juicio para apuntalar su candidatura con miras a las elecciones presidenciales. Lo calificó como un hombre con “delirio de persecución y de figuración”.

“El señor Carlos Mesa no es un político perseguido como se queja el día de hoy en los medios, el señor Carlos Mesa es un político con delirio de persecución y de figuración”, dijo.

Después de conocer esta determinación por parte del Gobierno, el expresidente a través de su cuenta de Twitter le dijo que defenderse de las acusaciones sin fundamento no es hacer política, sino es enfrentar a todo un órgano judicial que es manipulado por el ejecutivo y que puede hacer política “donde y cuando quiera”.

“Y por cierto, vicepresidente, el monopolio de la política no lo tiene su gobierno. Como ciudadano tengo el derecho de hacer política como y cuando quiera, en el marco de la ley, sobre todo para combatir el autoritarismo de su régimen defendiendo el 21F”, escribió Mesa.

El expresidente, tras conocer la decisión del TSJ, denunció que es víctima de una estrategia política instrumentalizado por el Gobierno con complicidad del TSJ y el Ministerio Público, con la finalidad de demoler su figura política, dignidad y honor.

DEFENSA

El exmandatario anunció que, de aprobarse un juicio de responsabilidades en su contra, asumirá su defensa en Bolivia, Recordó además que tiene derecho a hacer política, sobre todo para combatir el autoritarismo del régimen de Evo Morales, reiteró su compromiso de defender los resultados del 21F.

“Carlos Mesa va a enfrentar, si le abren un juicio de responsabilidades en su país, con la cabeza en alto, el espíritu en alto y con la voluntad de luchar democráticamente para demostrar cómo se está rompiendo la democracia en el país”, destacó. El exmandatario se trasladó hasta la ciudad de Cochabamba para dictar una conferencia sobre el referéndum del 21 de febrero de 2016.

Por su parte, Carlos Alarcón, defensa legal del exmandatario, destacó la inocencia de su cliente y que actuó bajo las normas establecidas para la reversión de las concesiones de las firmas Non Metallic Minerals y Quiborax que explotaron ulexita del salar de Uyuni de forma irregular.

“Nosotros solo vamos a estar tranquilos cuando se extinga por completo el proceso injusto arbitrario, injusto y que afecta a la dignidad nacional, nosotros estamos convencidos de la absoluta inocencia del expresidente Mesa y vamos a defender y solicitar el archivo del proceso”, puntualizó.

LAS NACIONALIZACIONES

El representante legal del exmandatario, Carlos Alarcón advirtió que esta decisión debe ser enfocada para hacer un análisis de los mecanismos que adoptaron para la nacionalización de empresas estratégicas que estaban en manos de transnacionales, tal es el caso de la Hidroeléctrica Guaracachi, donde el gobierno del MAS tuvo que pagar $us 31.5 millones de dólares.

Mesa señaló que el Tribunal Arbitral afirmó “categóricamente” que la expropiación de la hidroeléctrica, que fue llevada a través del Decreto Supremo 0493 de 1 de mayo de 2010, firmado por el presidente Evo Morales, fue ilegal.

El Tribunal de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya emitió el 30 de enero de 2014 un laudo (sentencia) arbitral por el cual obligó a Bolivia a pagar una compensación a Rurelec, incluida intereses, por la nacionalización un monto de $us 36.023.114, a lo que se sumó $us 5.781.736 por una deuda de Guaracachi a su accionista Rurelec, lo que sumó un total de $us 41.804.850.