Las organizaciones sociales del Pacto de Unidad, afines al Gobierno, se declararon en estado de emergencia y movilización “permanente” – otra vez - ante las protestas que se registran principalmente en Santa Cruz por el encarcelamiento del gobernador cruceño Luis Fernando Camacho involucrado en la investigación del caso Golpe de Estado I.

El secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, hizo conocer el pronunciamiento, junto con otros dirigentes, luego de sostener una reunión con el presidente Luis Arce en instalaciones de Casa Grande del Pueblo. Fue el que rompió el fuego, el que sigue ahí desde 2019 pese a ser uno de los grandes señalados por pedir la renuncia de Morales, aunque él mismo se haya “olvidado”.

“Las organizaciones sociales nos declaramos en estado de emergencia ante cualquier intento de desestabilización a nuestro Gobierno, ante cualquier intento de un golpe de Estado, nuevamente, como se ha perpetuado en 2019”, anunció.

Huarachi explicó que la medida rige en todo el país y en próximos días se emitirán los comunicados e instructivos respectivos a las regionales, centrales, subcentrales, sindicatos de base, para que se suman al estado de emergencia.

“Asimismo, de manera orgánica, hacer nuestras concentraciones y movilizaciones en los nueve departamentos bajo la instructiva de nuestras entidades matrices”, añadió el dirigente del ente matriz de los trabajadores.

El 28 de diciembre fue aprehendido el gobernador cruceño y desde entonces se cumplieron una serie de movilizaciones y protestas en la capital cruceña. Muchas de ellas, derivaron en hechos de violencia, gasificación, quema y daños a instituciones públicas, entre otros excesos.

Arce, en clave interna

El presidente Luis Arce, siempre cuestionado por los suyos, ponderó la “madurez ideológica y política” de los dirigentes de organizaciones sociales para nuevamente ratificar el apoyo a su administración y recordar que “proceso de cambio hay uno solo”, en una alusión a sus rivales internos.

“Todas las organizaciones sociales y el Gobierno nacional estamos en una franca unidad en este momento de coyuntura política que está atravesando el país”, añadió al tiempo de convocar a la población a una gran marcha para el 22 de enero, día del Estado Plurinacional.

Huarachi hizo un llamado a la “reflexión” y no llegar a la confrontación contra los sectores que se sientan afectados por las protestas y bloqueos carreteros en el departamento de Santa Cruz.

Planificación en Santa Cruz

Mientras, en Santa Cruz se repitió la marcha de mujeres y algunos eventos nocturnos, sin embargo las autoridades se concentran en una estrategia de más lago plazo que no solo pida la liberación del gobernador, sino que siga alimentando las bases del proyecto secesionista.

La semana que viene, el día 10, se tiene convocada una jornada nacional de protesta. A partir de los resultados el comité cruceño volverá a definir estrategia, si bien el ahogo económico al gobierno es el punto que más adhesiones tiene y que más efectos está teniendo.

El cierre perimetral del departamento de Santa Cruz ya ha puesto nervioso a varios ministros, que aseguran que no habrá desabastecimiento pero, al mismo tiempo, preparan planes de emergencia para suplir las carencias.

La intención del Comité pro Santa Cruz es provocar crisis económica y descontento social con el alza de los precios de los insumos básicos.

El oscuro rastro del dinero

La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, afirmó este viernes que las transferencias económicas realizadas por el excívico Luis Fernando Camacho a los militares en la crisis de 2019 no fue legal por lo que exigió su investigación y esclarecer el fin de esos fondos, presuntamente empleados para el golpe de Estado.

De acuerdo con información oficial, entre el 5 de noviembre y el 7 de diciembre de 2019, Camacho hizo movimientos bancarios por al menos Bs 4,5 millones.

Las transacciones no solo involucraron al actual gobernador de Santa Cruz, sino también a su padre José Luis Camacho, quien “cerró” con los policías y militares para que no salgan a reprimir las protestas, a su hermana, Rosa María, y a otras ocho personas de su círculo cercano.

El entorno de confianza de Camacho se constituyó en una suerte de vínculo con los mandos militares, dirigidos por el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Williams Kaliman, quien el 10 de noviembre de 2019 sugirió “al presidente del Estado que renuncie a su mandato presidencial, permitiendo la pacificación y el mantenimiento de la estabilidad por el bien de nuestra Bolivia”.

Uno de los nombres que aparece en el flujograma de las transacciones financieras del excívico cruceño es el del excomandante de la Fuerza Aérea, general Jorge Terceros, parte del alto mando dirigido por Kaliman.

El abogado de Terceros, Eusebio Vera confirmó el jueves que hubo depósitos en 2019 de parte de Luis Fernando Camacho a su defendido y que estos fueron “canalizados mediante el Comandante General de las Fuerzas Armadas el señor Kaliman”.

“Efectivamente hubo esos depósitos (…) yo le puedo asegurar que no alcanza ni a 30.000 bolivianos”, confesó Vera en declaraciones divulgadas por la emisora Erbol.

Ante la declaración, Prada señaló que el hecho debe investigarse y los involucrados esclarecer los montos y el destino que dieron a esos dineros.