Por su recargada labor, la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) no podrá analizar en esta legislatura el pedido de juicio de responsabilidades en contra del expresidente Carlos Mesa por el caso Quiborax-NNM.

“La Asamblea Legislativa Plurinacional no tratará el tema de Carlos Mesa en esta legislatura porque tenemos acumulado un conjunto de pedidos de autorización de juicios de responsabilidades, más de 13, y el pedido de autorización para un juicio de responsabilidades para Carlos Mesa tendría que ir, como corresponde, al final”, anunció el vicepresidente Álvaro García Linera en conferencia de prensa.

El miércoles, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) aprobó por unanimidad el requerimiento acusatorio de juicio de responsabilidades en contra del exmandatario.

Los tipos penales denunciados son resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.

Esta acción, iniciada por la Procuraduría General del Estado (PGE) el 22 de mayo y avalada por la Fiscalía General del Estado (FGE), tiene como objetivo establecer la existencia o no de responsabilidad en la exautoridad en la generación de la controversia internacional con la empresa chilena Quiborax SA y su socia boliviana, la empresa minera Non Metallic Minerals SA (NMM).

La controversia internacional surgió por el incumplimiento a la Ley 2564, al Decreto Supremo 27326, al Código de Minería y la emisión del ilegal Decreto Supremo 27589 que revocó las 11 concesiones de la empresa Quiborax-NNM, detalló la PGE.

Resultado del proceso arbitral, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) determinó que el Estado boliviano indemnice a la empresa con 42,6 millones de dólares.

En la conferencia de prensa, García Linera pidió al exmandatario que no utilice este proceso para hacer política, figurar y declararse perseguido.

“A partir de este momento el señor Carlos Mesa no puede seguir utilizando como pretexto el juicio de responsabilidades para hacer campaña política; es un acto inmoral, un acto que abusa de la confianza de las personas y que derrumba su credibilidad”, señaló.

Afirmó además que “es un político con delirio de persecución y figuración”.

Le solicitó también que en lugar de realizar “mediocres puestas en escena”, explique por qué no cumplió su Ley 2564 en el proceso de expulsión de Quiborax-NNM, lo que le valió al país ser procesado en el Ciadi.