En tanto, en al menos seis ciudades de Bolivia, plataformas ciudadanas marcharon la tarde de ayer para exigir terminar con la persecución política y piden la libertad de Camacho.

En Potosí, la presidenta del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Roxana Graz, destacó que la marcha es contra la manipulación de la justicia y la libertad de los presos políticos. Ratificó que el 10 de enero iniciará una movilización nacional con el cierre de instituciones.

En Santa Cruz, una masiva marcha de ciudadanos pidió también la liberación de Camacho, mientras aguardaban su turno para la firma de libros “para declarar como testigos ante la justicia boliviana y por la recuperación de la democracia y la libertad”, se señala la convocatoria.

En Cochabamba, la marcha ciudadana convocada por el Comité de Defensa de la Democracia (Conade) fue acompañada por una caravana de motociclistas y culminó en la Plaza de las Banderas, donde se decidió apoyar las medidas que exigen terminar con la persecución política y piden la libertad de Camacho.

También hubo movilizaciones en Trinidad, Sucre y Tarija.

Acción de libertad

“El juez ha considerado ingresar al fondo de la petición porque consideró que el accionado debería ser el gobernador (de Chonchocoro) no el juez y el fiscal. Sin embargo, como medida cautelar, ha ordenado que tanto el juez como el fiscal y el gobernador permitan la salida médica de Luis Fernando en el caso de una situación de emergencia durante la administración de su tratamiento médico”, dijo el abogado defensor Martín Camacho.

Pese al rechazo de la acción de libertad, el jurista consideró como un “gran avance” respecto a las anteriores peticiones que se habían negado por completo cualquier medida cautelar a favor de su defendido.

“Nuestro mayor temor es que Luis Fernando (Camacho), durante la aplicación de su tratamiento, sufra alguna descompensación y ahora ya se ha ordenado que en esa circunstancia, sin ninguna otra orden, pueda ser trasladado a un centro médico”, añadió el jurista.

Analizan ampliar investigación

El viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, dijo ayer que no descarta ampliar la investigación contra el entorno de Luis Fernando Camacho, tras que el ministro de Gobierno, Carlos Eduardo del Castillo, revelará los depósitos que realizó la autoridad departamental para financiar el supuesto “golpe de Estado”.

José Luis Camacho Parada, padre del gobernador cruceño y su hermana, Rosa María, junto a otras ocho personas están involucrados en el flujo del dinero. El Gobierno prevé ampliar la denuncia e investigación a estas personas más.