El abogado constitucionalista José Antonio Rivera señala que el caso del gobernador de Santa Cruz, Fernando Camacho, responde a la persecución penal con fines políticos que tienen por objetivo eliminar a la oposición y todo pensamiento contrario al Gobierno. “Es un patrón común de persecución judicial con fines políticos que aplica el Gobierno instrumentalizando el sistema judicial del Estado para esos fines”.

Camacho guarda detención preventiva en la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro, a 33 kilómetros de la ciudad de La Paz, por el caso Golpe de Estado I, y desde el Gobierno han aclarado que se trata de un tema que sólo compete a la Justicia.

Rivera asegura que hay evidencias que prueban la persecución política: una es la forma en que se ejecutó el mandamiento de aprehensión de Camacho durante la vacación judicial, “periodo en que están prohibidas la ejecución de mandamientos de aprehensión, y a pesar de eso se lo ha hecho”.

Para Rivera, otra evidencia es la forma en que fue sustanciada la audiencia y la posterior audiencia de las medidas cautelares. La imputación está sustentada en una narrativa contraria a la verdad material de los hechos acontecidos en octubre y noviembre de 2019. La descripción de los hechos, supuestamente ilícitos, se encuadra en el delito de terrorismo, una tipificación que —como lo han advertido los organismos internacionales— lesiona el principio de legalidad penal.

Además, se ve la instalación de vigilias de grupos de organizaciones sociales afines al Gobierno en inmediaciones del penal de chonchocoro. “Todo esto demuestra que en el fondo no se trata de una verdadera acción penal orientada a establecer responsables en los hechos de 2019, sino una finalidad política de eliminar a la oposición”.

Sometimiento

El abogado Marco García cuestionó el desarrollo de la audiencia sin cámaras encendidas, en contra de lo establecido.

Alertó que es el inicio de un proceso de persecución político a los líderes cívicos por el modus operandi similar al caso montado en el hotel Las Américas y el caso Porvenir con el fin de justificar la persecución de los líderes cívicos.

Explica que, junto con la detención de Camacho, se ven varios hechos delictivos como la quema de la Fiscalía, edificios públicos y privados, pero hay denuncias de que se trata de autoatentados para justificar procesos contra la dirigencia cívica.

Los analistas Rivera y García demuestran que el Órgano Judicial está sometido y subordinado al poder político, poder económico, y en este caso se advierte la total falta de independencia e imparcialidad de los jueces.

Lima amenaza con más juicios

El ministro de Justicia, Iván Lima, explicó ayer la teoría que analiza el Gobierno para ampliar los cargos contra el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, para que no sólo sea procesado por el caso Golpe de Estado I, sino también por las denominadas masacres de Senkata y Sacaba.

Este argumento, explicado por Lima, consiste en que las decisiones que derivaron en las masacres también alcanzan a Camacho, puesto que él puso al Ministro de Defensa de Jeanine Áñez.

Señaló todas las acciones que se llevaron adelante en 2019, desde la ruptura del orden constitucional, la asunción de Áñez, las masacres y hasta el envío de material antidisturbios de Argentina y Ecuador.