El memorial presentado ayer ante la Fiscalía de Perú señala que el exgobernador de Puno Germán Alejo pretendería unir su región al proyecto Runasur -impulsado por Morales- “para beneficiar los intereses geopolíticos de Bolivia”.

“Formulo denuncia penal contra: Germán Alejo Apaza, exgobernador Regional de Puno. Evo Morales Ayma, ciudadano de nacionalidad boliviana, expresidente de la República de Bolivia. Vladimir Cerrón Rojas, exgobernador Regional de Junín, secretario General del Partido Político Perú Libre. Y contra los que resulten responsables por los delitos de atentado contra la seguridad nacional y traición a la patria, en la modalidad de ‘atentado contra la integridad nacional’ prevista y penada en el artículo 325 del Código Penal”, detalla la querella presentada por Montoya, a la cual accedió Página Siete.

Morales, en 20 días, durante el mes de diciembre de 2022, se refirió a la crisis peruana en al menos 25 oportunidades, tanto a través de sus redes sociales como en su programa en la radio Kawsachun Coca. Comenzó expresando su preocupación por la situación y terminó denunciando que en ese país se comete un genocidio para escarmentar a los indígenas, y hasta planteó una Asamblea Constituyente como solución.

El excanciller Rodríguez dijo que el gobierno peruano puede pedir la extradición de Morales a Bolivia, en el caso de que se compruebe el delito que se le sindica.

“Tenemos que impedir que ingrese a Perú. Morales alborota al país, generando zozobra con discursos populistas (...). Si queda demostrado que Morales ingresó al Perú para este tipo de actividades (de divisionismo), el Estado peruano debería iniciar un proceso de extradición y pedírselo a Bolivia, porque habría cometido un delito en Perú”, enfatizó.

Rodríguez indicó que se deben “neutralizar los intentos de activar la Runasur” en Perú, porque con ese proyecto ideológico Morales busca ganar espacios, tener vigencia, pero en el fondo -subrayó- ello generará división y polarización en territorio peruano.

El congresista de Renovación Popular José Cuero, que respalda la demanda contra el exmandatario, afirmó que se “tiene la certeza” de que Morales interfiere en la política peruana. Agregó que tiene información de que en los últimos meses se incrementó la actividad de afines al MAS en Perú, para incitar “acciones delictivas y separatistas”.

“A pesar de ser declarado persona no grata en Perú, Morales sigue en lo mismo. (...) Tenemos información de que los operadores de Morales están entrando y actuado. Esa información se la maneja reservadamente y será entregada a las autoridades. Desde la vacancia de Pedro Castillo se ha acrecentado la presencia de esta gente del MAS”, sostuvo.

El legislador Montoya también remitió una misiva al ministro del Interior de Perú, Víctor Rojas, en la que pide que instruya a Migración que se prohiba el ingreso del expresidente Morales a Perú.

“Solicito (a) su despacho se sirva instruir a la Superintendencia Nacional de Migraciones, para que disponga de manera administrativa el impedimento de ingreso al territorio nacional del ciudadano boliviano Evo Morales Ayma”, señala una parte del documento.

Montoya explicó que una vez que esta denuncia llegue a dictamen judicial, Morales debe ser detenido en cuanto vuelva a ingresar a territorio peruano. “La Fiscalía inicia la investigación, tiene un procedimiento y una orden de detención, en caso de que el juez considere conveniente. La pena privativa de libertad es de 15 años”, aseveró.

Ante estos pedidos, el exmandatario Morales respondió: “Damos la otra mejilla ante los ataques políticos de la derecha peruana. Pero por favor, paren las masacres, detenciones ilegales, persecución y ‘terruqueo’ contra nuestros hermanos indígenas. No habrá paz sin justicia social. El Perú profundo demanda una transformación de fondo”.