En contacto con Página Siete, Efraín Suárez, asesor jurídico de la Gobernación de Santa Cruz, indicó que Camacho ejercerá el cargo de Gobernador desde el penal de Chonchocoro.

“Nosotros, como gobernación, tenemos en la ciudad de La Paz una oficina permanente y esto desde hace tiempo, no es reciente. Entonces, a través de esa oficina vamos a estar en contacto constante con el Gobernador, ya sea para la firma de documentos, para las instrucciones que él pueda dar desde allá y también nos vamos a desplazar hasta Chonchocoro los secretarios y los asesores cuando así sea necesario, para poder tener el contacto directo con el Gobernador y recibir las directrices y las instrucciones”, sostuvo.

Suárez indicó que el único derecho que se le está limitando a Camacho, de forma ilegal, es el derecho a la locomoción, pero subrayó que sus derechos políticos, como los derechos colectivos de los electores cruceños acerca de decidir quién será su gobernador, “siguen intactos”.

“Y esos derechos políticos del pueblo cruceño no se pueden perder. El pueblo cruceño eligió a don Luis Fernando Camacho Vaca en marzo de 2021 como su gobernador y como tal ese mandato del pueblo, a través del voto, tiene que seguir cumpliéndose”, aseguró.

Óscar Feeney, vicepresidente de la ALD de Santa Cruz, indicó que en este caso no se cumple ninguna de las causales que dispone el Estatuto Autonómico de Santa Cruz para la pérdida de mandato.

El artículo 26 de ese estatuto establece que el mandato del Gobernador cesará únicamente en caso de muerte, renuncia formal presentada ante la ALD, ausencia o impedimento definitivo, sentencia condenatoria ejecutoriada en materia penal en su contra o revocatorio.

“Mientras no se den esas cuatro, el gobernador va a seguir siendo el gobernador de Santa Cruz. Si consideramos que quieren forzar a que Santa Cruz se quede sin gobernador y elegir otro, eso sí es un golpe (...). El pueblo eligió a un gobernador por cinco años y el gobernador va a seguir siendo porque tenemos que respetar lo sagrado, que en democracia es el voto popular”, declaró a este medio.

Feeney sostuvo que el Gobierno debe dar la condiciones para que Camacho gobierne desde el penal. Agregó que su privación de libertad es ilegal.

“Si el gobierno no quiere tornarse un sistema de gobernar desobedeciendo las leyes, las normas y la voluntad popular, tendría que darle las condiciones para que él gobierne desde el penal. Ya es una privación de libertad ilegal”, aseguró el legislador departamental.