El Gobierno  decidió “congelar”, este año, el trámite para el  juicio de responsabilidades,  por el caso Quiborax,  contra el expresidente Carlos Mesa.  El  vicepresidente Álvaro García Linera argumentó que  aquello se debe a la  acumulación de procesos  pendientes en el Legislativo.  

“Decimos de manera oficial y terminante que la Asamblea Legislativa  no va a tratar el tema de pedido de autorización de enjuiciamiento a Carlos Mesa por el caso Quiborax, en esta legislatura, porque tenemos acumulados un conjunto de pedidos de autorización de juicios de responsabilidades, más de 13. Es importante que esto quede claro”, dijo.

  El jueves, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia envió al Legislativo la solicitud para el enjuiciamiento de Mesa  por el caso Quiborax. El Gobierno pagó 42,6 millones de dólares a esa firma, la cual  ganó un  laudo arbitral a Bolivia en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).

“Una vez de que estamos decidiendo que la Asamblea no va a tratar su tema, por lo tanto, no va a afectar su candidatura, puede ser candidato, pero que lo diga de frente, que no utilice el juicio para victimizarse o para figurar”, expresó  García Linera.

Además, desafió a Mesa a que “decida ser candidato”,  porque no hay una “guillotina judicial encima de él”.  El exmandatario   le respondió, a través de  su cuenta de  Twitter,  que defenderse de “acusaciones sin fundamento” no es hacer política,  sino  enfrentar la “maquinaria”  del Ejecutivo, “que tiene al poder judicial a su servicio”.   

“Como ciudadano, tengo el derecho de hacer política como y cuando quiera, en el marco de la ley, sobre todo para combatir el autoritarismo de su régimen, defendiendo el 21F”, afirmó.
  
El jefe de bancada del MAS en Diputados, David Ramos, explicó que con el anuncio del Vicepresidente “está claro que en esta gestión no se va a tratar este tema, queda al margen (...).  En 2019 será un año más político y Mesa se va a presentar oficialmente como candidato. Entonces, consideramos que para esa gestión, también estaría quedando al margen”.

Por otro lado, García Linera insistió en que  Mesa debe explicar por qué no cumplió con las normas en torno al caso  Quiborax.  “¿Por qué en vez de establecer la nulidad o la concesión prefirió ir al revocatorio, generando un punto de partida que llevó a la situación de tener que indemnizar?”, aseveró. 

  Al respecto, Mesa replicó: “Le respondo, aprobé el DS (Decreto Supremo) de expulsión de NMM  amparado en la Ley 2564, usé el término revocatoria amparado en la ley 2341 y DS reglamentario 27113, artículos. 51 y 59, y anulé las concesiones vía Superintendencia de Minas, amparado en el Código Minero”. El Tribunal Supremo de Justicia reveló que no consideró los memoriales que presentó  Mesa para denunciar defectos procesales en el caso Quiborax. “No se ha considerado por razones obvias de procedimiento”, dijo el magistrado Edwin Aguayo.