La autoridad destacó los movimientos bancarios que involucran al padre del excívico, José Luis Camacho, su hermana, Rosa María; además a Miguel Ángel Navarro, Verónica Escalante y al que era en ese entonces comandante general de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), general Jorge Terceros Lara.

Del Castillo expuso como primer punto de la cronología que un primer depósito bancario que se hizo a su cuenta el 5 de noviembre de 2019 fue por un monto de Bs 180 mil por su exsecretario Miguel Ángel Navarro, a tan solo tres días del motín policial del 8 de noviembre.

De acuerdo con la investigación, figura un segundo y tercer depósito el 9 de noviembre por Bs 33 mil cada uno realizado por su padre y hermana.

Ya el 10 de noviembre, cuando los militares “sugieren” a Evo Morales renunciar y Camacho entra a Palacio de Gobierno con la Biblia en la mano, su padre y hermana le vuelven a hacer depósitos, cada uno de a Bs 33 mil.

El 12 de noviembre toma el poder Jeanine Añez y un día después, se registra que Lorgio Pérez Peña le depositó Bs 300 mil a Camacho y Rómulo Arrázola también le deposita más de Bs 60 mil.

En esa fecha, las “Fuerzas Armadas se cuadran a la expresidenta inconstitucional”, especificó.

El 15 de noviembre, Navarro nuevamente hace un depósito por Bs 140 mil y después de otros $us 40 mil, que convertidos al cambio actual suman más de Bs 278 mil. Mientras que el padre de Camacho depositaba otros Bs 33 mil y su hermana Bs 30 mil. Es en esta fecha que acontece la masacre de Sacaba.

“Estos montos tienen baja cuantía pretendiendo no ser identificados por la Unidad de Investigación Financiera”, indicó el ministro.

El 4 de diciembre se tiene registrado que Navarro depositó a Camacho Bs 90 mil y Verónica Escalante Bs 100 mil.

El 7 de diciembre Miguel Ángel Navarro, “fuera de sus estándares económicos”, hace un nuevo depósito de Bs 768 mil.

El ministro también expuso que desde la cuenta de Camacho se realizó varias transferencias, la primera a Navarro Bs 859 mil, a Escalante Bs 1.429.000 y a Jerjes Justiniano, exministro de la Presidencia de Jeanine Añez Bs 116 mil.

El 12 de noviembre se hace dos depósitos a quien fue el comandante general de las Fuerza Aérea, el general Jorge Terceros Lara. “Qué tenía que hacer Camacho depositando recursos económicos al comandante de la Fuerza Aérea”, reflexionó.

“Todos y cada uno de estos elementos se encuentran en pleno proceso de investigación, esto que se ha expuesto es solo una parte de todo el análisis financiero que está realizando el Ministerio Público y se encuentra en los cuadernos de investigación correspondientes”, aseveró.

A esas personas les decimos que van a tener que responder ante la justicia boliviana, aseveró.

El ministro también expuso que la violencia en Santa Cruz está impulsada por grupos radicales que atentan contra la propiedad pública poniendo en riesgo la institucionalidad cruceña y boliviana.

Hizo un recuento de los saqueos de instituciones, toma de aeropuertos, amedrentamientos a funcionarios y quemas de infraestructuras. También mostró la quema de la vivienda del Ministro de Obras Públicas.

Mostró que los “violentos seguidores de Camacho” propiciaron varios ataques masivos al comando departamental de la Policía, donde fueron contenidos por las fuerzas del orden.

Este tipo de violencia no nos va a llevar a buen camino a nadie, las instituciones públicas no tienen la culpa de que este señor no se hubiera presentado ante la justicia boliviana, dijo.

“Ninguno de estos hechos van a quedar en la impunidad como en el pasado, por lo que se tiene a 24 personas sentenciadas, 22 aprehendidas esperando su audiencia, 14 personas con detención preventiva y 16 con medidas sustitutivas”, afirmó.

En total son 76 personas que fueron arrestadas en flagrancia por los delitos de destrucción o deterioro de bienes del Estado, instigación pública a delinquir, entre otros cargos.

Ampliarán la denuncia contra Camacho

El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, informó que se ampliará la denuncia contra el gobernador Luis Fernando Camacho por los delitos de cohecho activo y seducción de tropas.

El ministro presentó en conferencia de prensa 33 indicios de la supuesta culpabilidad del gobernador en el caso Golpe I.

Después de pormenorizar en detalle todos estos indicios, aseguró que se sumarán los delitos antes mencionados.

El artículo 158 del Código Penal especifica que cohecho activo es “el que directamente o por interpuesta persona, diere o prometiere a un funcionario público o autoridad, dádivas o cualquier otra ventaja, para hacer o dejar de hacer algo relativo a sus funciones, será sancionado con la pena del art. 145, disminuida en un tercio”.

Mientras que la misma normativa, en el artículo 127, referente a la seducción de tropas establece que “el que sedujere tropas o usurpare el mando de ellas o retuviere ilegalmente un mando político o militar, para cometer una rebelión o una sedición, será sancionado con la mitad de la pena correspondiente al delito que trataba de perpetrar”.

Nadie puede estar por encima de la ley

El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, informó que existen 33 indicios probatorios en contra de Fernando Camacho por el caso Golpe de Estado I, y especificó que ni él ni nadie puede estar por encima de la ley.

La autoridad al inicio de la la conferencia de prensa que brindó ayer recordó que el 27 de noviembre la diputada Lidia Patty presentó la denuncia en contra de aquellas personas que habrían sido partícipes del golpe del Estado.

El proceso judicial se inició el 20 de noviembre de 2020 con la presentación de esta denuncia.

Desde el 7 de diciembre, Fernando Camacho tenía pleno conocimiento de esta causa abierta por la diputada, manifestó.

Diez meses después de la denuncia, es decir en 2021, una comisión de fiscales pidió tomar las declaraciones de Camacho con lo que se confirma que estaba totalmente anoticiado de que debía testificar ante la justicia.

El 13 de julio de 2022 se emitió nuevamente una orden de citación para Luis Fernando Camacho, un año y siete meses después de haber sido admitida la denuncia; sin embargo, nuevamente se hizo caso omiso desafiando a la justicia boliviana, porque no se presentó a las audiencias correspondientes, especificó Del Castillo.

Ante esta obstaculización y desacato a las citaciones establecidas, el Ministerio Público y los representantes de esta instancia utilizaron el artículo 226 del Código de Procedimiento Penal y posteriormente libraron su correspondiente orden de aprehensión. “Esta mos hablando de que esto sucedió un año y diez meses después del inicio de la investigación, quienes tenían la obligación de asistir y revisar todo su expediente eran los abogados de Fernando Camacho”, indicó.

La orden de aprehensión fue emitida en octubre y ejecutada en diciembre. “En otras palabras, estamos demostrando que el señor Fernando Camacho tenía pleno conocimiento que debía declarar como lo hicieron otros presuntos implicados, como Ricardo Paz, Samuel Doria Medina, Jorge Quiroga y Marco Antonio Pumari”, mencionó.

Un acompañante permanecerá en el penal

El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, informó que se incluyó una cama en la habitación de Camacho para que un acompañante permanezca con él dentro del penal colaborando en su cuidado.

“Todas las noches un familiar de Camacho, con quien él desee, va a pernoctar en el recinto junto a él”, puntualizó.

En conferencia de prensa, la autoridad hizo una descripción de la habitación donde encuentra el excívico.

Explicó que la habitación cuenta con un monitor cardíaco, máquina de electrocardiograma, un desfribilador de tercer nivel, oxímetro, tensiómetro, laringoscopio, equipo de intubación, venoclisis y una computadora con impresora, entre otros equipos médicos.

Además, se dispuso cuatro médicos generales con turnos de 24 horas, dos licenciadas en enfermería, cinco especialistas del Hospital de Clínicas, un inmunólogo, un médico internista, emergenciólogos, un especialista en terapia intensiva, además de laboratoristas de Inlasa y una ambulancia de categoría C.

Dijo que, desde el primer día del arribo a La Paz, Camacho fue puesto a disposición médica para la revisión de su condición y se estableció que estaba estable.

Posteriormente, en una junta médica se estableció que Camacho puede tratarse con todas las facilidades al interior del centro penitenciario y en ningún momento ha habido una situación de internación externa.

“El 1 de enero se desliza una certificación médica, en la que también se muestra que el privado de libertad se encuentra estable”, dijo el ministro.

Expuso que personas allegadas a Camacho también han corroborado la situación, especificó a su prima, a su abogado personal y al mismo Defensor del Pueblo