La determinación fue adoptada ayer en Santa Cruz, desde donde los cívicos del país anunciaron movilizaciones escalonadas en demanda de la liberación de autoridades y activistas.

Los cívicos se declararon en estado movilizado y emergencia ciudadana ante la “persecución política” que atraviesan los líderes de oposición que participaron en las protestas de octubre de 2019.

“Por la democracia, la libertad y la justicia se declara el día de la protesta nacional el día martes 10 de enero de 2023 en cada departamento”, señala el sexto punto del documento resolutivo leído por el presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo.

Se respaldó además el bloqueo de carreteras en el departamento oriental, “acción que será replicada de manera escalonada en cada región de Bolivia”.

Se continuará con el resguardo “pacífico permanente” de las oficinas e instalaciones del Ministerio Público para evitar los “autoatentados” de funcionarios públicos afines al Movimiento Al Socialismo (MAS).

“Exigimos de manera inmediata se restaure el estado de derecho en el país, garantizando los derechos constitucionales de todos los bolivianos y el cese inmediato a la persecución política y la liberación de todos los presos políticos para lo cual invocamos a la ciudadanía en todo Bolivia a que se una a la lucha pacífica y democrática en las calles”, dijo el dirigente.

A la reunión de los comités cívicos no asistió la representación chuquisaqueña, que a la fecha no cuenta con una directiva legítima.

MOVILIZACIONES

El líder cívico cruceño afirmó que Santa Cruz continúa en estado de emergencia y movilización permanente ante las represiones que ejerce la Policía y el “secuestro” del Gobernador, por lo tanto, anunció que se mantiene el bloqueo de carreteras, medida acatada por habitantes de provincias.

Para no discontinuar la movilización en la capital oriental, pidió a las empresas privadas e instituciones públicas dar permiso a los trabajadores para que se sumen a las protestas desde las 16:00, todos los días.

La respuesta no tardó en llegar de voz del ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, quien criticó ese pedido y señaló que no se puede aceptarlo porque aumentarían los conflictos.

Por su parte, la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), en una asamblea, determinó que, en señal de protesta, los estudiantes pasarán clases en puertas de las instituciones públicas, según el vicerrector de la UAGRM, Reineiro Vargas. La medida ya fue iniciada ayer por estudiantes de la carrera de Ingeniería de Alimentos. 

Se determinó además la conformación de un comité de defensa y se cuestionó la falta de apoyo del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB), al cual se dejaría de pagar aportes. La universidad estatal cruceña sostendrá una movilización este viernes, masificarán puntos de bloqueo y desarrollarán una marcha de mujeres. 

Ayer, prosiguió la vigilia ciudadana en inmediaciones del Cristo Redentor, bloqueos en provincias y movilizaciones de protesta en algunas ciudades capitales exigiendo la liberación del gobernador cruceño, las mismas se reeditarán hoy, según una convocatoria pública anterior.  

Ayer, una comitica de la Gobernación cruceña no pudo ingresar al penal para rendir informes de gestión a Camacho.

Por otra parte, ocho asambleístas y legisladores cruceños fueron demandados penalmente por la toma de la pista de aterrizaje de Viru Viru la pasada semana.

En Cochabamba, el MAS convocó a un “petardazo” para esta jornada, con el fin de respaldar la detención de Camacho.