“Nos estamos declarando en estado de emergencia, no solamente los trabajadores de la Central Obrera Boliviana, sino también el Pacto de Unidad, nuestras organizaciones sociales populares del país”, afirmó el ejecutivo de la COB, Juan Carlos Huarachi.

El dirigente dijo que no aceptarán actos vandálicos ni amedrentamiento a sectores como transportistas, comerciantes y gremiales, que ya resultaron afectados con los 36 días de paro de octubre y noviembre pasado, en demanda del censo en 2023.

“Está institución va a defender el Estado de derecho y la democracia, que es fundamental para todos los bolivianos, pero al mismo tiempo también vamos a pedir justicia. No puede haber impunidad para quienes han sido los autores intelectuales del Golpe de Estado del 2019”, anunció, según Erbol.

Huarachi anticipó que en las siguientes 24 o 48 horas se reunirán las organizaciones sociales para tratar estos temas, ya que consideran que existen “actos de vandalismo, sedición y de terrorismo”.

Afirmó que el 60% de la población de Santa Cruz quiere trabajar y reactivar su economía, pero algunos grupos y “logias” buscan politizar.

En Santa Cruz, principalmente en la capital cruceña, desde hace siete días que se registra enfrentamientos entre manifestantes de esa región y la Policía, en demanda de la liberación del gobernador Luis Fernando Camacho, quien fue enviado el 30 de diciembre pasado a la cárcel de Chonchocoro, en La Paz, por el delito de terrorismo en el caso golpe de Estado I.