Luis Fernando Camacho “sigue siendo el gobernador de Santa Cruz”. El criterio fue compartido por el presidente de la Asamblea Legislativa Departamental, Zvonko Matkovic, autoridades del Ejecutivo regional y el mismo vicegobernador, Mario Aguilera. Revelaron que hay presiones del MAS para buscar a otra autoridad que reemplace al opositor, recluido desde el 30 de diciembre en la cárcel paceña de máxima seguridad de Chonchocoro, acusado por el caso de Golpe de Estado I. 

Pero, desde las organizaciones afines al oficialismo se planteó, incluso, “elecciones orgánicas” para que el cargo sea ocupado, según explicaron, por autoridad electa.

“Un gobernador debe ser elegido a través del voto popular, porque así es como se gobierna. No van a poner a dedo a otro, como están acostumbrados. Que sea una elección democrática y orgánica; si es así lo vamos a respetar, mientras tanto, no”, advirtió Carmen Vargas, dirigente de la Federación de Comunidades Interculturales de Santa Cruz. 

La representante estuvo el viernes en La Paz donde se reunió con dirigentes de otras organizaciones sociales vinculadas con el MAS. Por eso, expresaron su apoyo al presidente Luis Arce tras el violento operativo del 28 de diciembre que se ejecutó para aprehender al gobernador Camacho, quien también es líder nacional de la alianza opositora Creemos. 

La moción también se repitió en Yapacaní, donde las organizaciones afines al MAS celebraron la detención de la autoridad electa. El diputado Danny Daniel Rojas (MAS) dirigió el viernes un pronunciamiento público a nombre de las comunidades y municipios de la provincia Ichilo. 

El vicegobernador de Santa Cruz, Mario Aguilera, rechazó ese criterio y reafirmó la legitimidad de Camacho, quien fue elegido en 2021 con el 55,64% de los votos, frente al 38,17% que obtuvo el MAS, pero a través de una papeleta distinta a la usada para la elección de los asambleístas.

“El gobernador es Luis Fernando Camacho y la única forma de que alguien supla al gobernador es que pase algo de lo que establece el Artículo 26 de nuestro Estatuto. Nada de eso ha sucedido, por lo tanto, el gobernador es Luis Fernando Camacho”, remarcó la autoridad de la Gobernación.
El apartado legal establece que la primera autoridad del departamento perderá su mandato en caso de muerte, “renuncia formal presentada ante la Asamblea Legislativa Departamental, ausencia o impedimento definitivo, sentencia condenatoria ejecutoriada en materia penal en su contra y la revocatoria del mandato”. 

En ese entendido, el asesor de Gestión de la Gobernación, Efraín Suárez, anticipó que los funcionarios de la administración departamental están en la obligación de hacer respetar la normativa vigente. “Tenemos que apegarnos al Estatuto Autonómico que nos pone claro en qué situaciones el gobernador deja de ser gobernador”, remarcó y consideró que Camacho ejercerá su cargo desde el lugar donde esté y en la medida “que haya canales de comunicación” con la autoridad apresada.
Camacho ingresó a las 04:00 del 30 de diciembre a Chonchocoro.

 El juez Octavo de Instrucción en lo Penal de La Paz, Sergio Pacheco, ordenó la detención preventiva en ese reclusorio por un lapso de cuatro meses, un tiempo que debería ser empleado por la Fiscalía para presentar las evidencias del caso ‘Golpe de Estado I’ que tiene que ver con la crisis de 2019.

El Ministerio Público lo acusó de “terrorismo” por su presunta participación en los hechos violentos de ese año cuando Evo Morales renunció a la Presidencia, tras anular unas elecciones que habían sido observadas por la Organización de Estados Americanos (OEA). Desde las organizaciones del MAS lo vinculan con la masacre de Senkata y Sacaba.

Pero David Inca, representante de las víctimas de esos luctuosos hechos, aclaró que Camacho no fue acusado por ello y tampoco es investigado en ese proceso. De momento, el caso apunta a responsables que firmaron el Decreto Supremo 4078 que autorizó a los militares disparar sus armas de fuego contra los ciudadanos que salieron a defender el gobierno de Evo Morales.

En todo caso, el gobernador afronta seis procesos y su defensa interpuso dos acciones constitucionales por la aprehensión “ilegal”. Temen que se pueda incrementar la cantidad de tiempo de detención preventiva que debe cumplir, tal como sucedió con la expresidenta Jeanine Áñez, que ya cumple 657 días tras las rejas.

En todo caso, el MAS insistirá en la necesidad de nombrar a otra autoridad para la Gobernación de Santa Cruz. La senadora Simona Quispe (MAS) aseguró que no existe la posibilidad legal para que Camacho gobierne desde prisión.

Aclaró que, en este caso, se deben tomar las decisiones que correspondan en el marco de la autonomía departamental. “No creo que pueda gobernar desde Chonchocoro”, afirmó y precisó que “ya existe una sentencia”. No obstante, el proceso planteado contra la autoridad está en na primera etapa de investigación.

Eso sí, precisó que el vicegobernador debería asumir de manera interina con el aval de la Asamblea Legislativa Departamental.
El órgano legislativo cruceño está compuesto por 28 asambleístas, 15 por territorio, ocho por población y cinco escaños indígenas. El MAS tiene una representación de 11 legisladores y Creemos tiene 11, pero logró la gobernabilidad en función de alianzas con Asip y los representantes indígenas. En este escenario, estos representantes indígenas tienen un papel clave.

El presidente de la Asamblea Legislativa, Zvonko Matkovic, rechazó la posibilidad que Camacho sea depuesto del cargo, tal como lo sugirió el MAS, y aseguró que la institucionalidad departamental está regida por un estatuto que establece las atribuciones para cada una de las entidades de la región.

 “Seguiremos fiscalizando al Ejecutivo; las funciones del Legislativo están plenamente establecidas”, remarcó. “El gobernador es Luis Fernando Camacho y de aquí para adelante se tiene que seguir con su gestión, entendiendo la salvedad de su detención, una figura que no es nueva en el país. Tenemos un gobernador y un vicegobernador”, apuntó.

Las otras experiencias tienen que ver, por ejemplo, con la detención de Leopoldo Fernández, quien fue prefecto de Pando. Sucedió en 2008 tras la matanza de Porvenir, durante la crisis y las tensiones políticas derivadas en el marco del debate para la aprobación de la vigente Constitución Política del Estado (CPE).

El constitucionalista Paul Antonio Coca recordó que el Artículo 25 del Estatuto se refiere a la “ausencia temporal”. El apartado señala que “si la ausencia es temporal” debería asumir el vicegobernador, en este caso Aguilera, pero si se trata de “un impedimento permanente” y no se haya cumplido los dos años del mandato constitucional, se llamará a elecciones.

 Este plazo se cumplirá en mayo de 2023 y si no hay elecciones la Asamblea Legislativa es la que elegirá a la nueva autoridad que ejercerá hasta mayo de 2026. “El MAS apuesta por un vacío de poder y una sucesión constitucional departamental”, apuntó Coca, quien cree que este delicado escenario hará estallar “pugnas internas” en Creemos para el control de la Gobernación, o eventualmente lo haga el MAS. “De ser así, habrá un golpe suave”.