“Estamos en un momento muy difícil, con esta justicia que está de cabeza y que hay que enderezarla. Tenemos que seguir trabajando en 2023 para lograr la reforma judicial, pero, al mismo tiempo, debemos denunciar estos hechos (…) por el estado de indefensión en el que quedamos los bolivianos frente a un estado que atropella, que abusa, no respeta la norma y que camina peligrosamente hacia una situación totalitaria”, dijo.

Del Granado consideró que el gobierno terminó el año 2022 con la aprehensión ilegal y de evidente vulneración de derechos constitucionales de Luis Fernando Camacho y que, el 2023, empezó con violaciones al orden constitucional desde la estructura gubernamental. 

“Estamos frente a una acción gubernamental que nos confronta nuevamente y nos sitúa en un escenario reiterado de peligrosísima violación de las garantías constitucionales y estamos en una paulatina demolición del estado de derecho de este mecanismo de convivencia pacífica entre los ciudadanos”, aseguró.

El abogado sostuvo que, por esos motivos, “hoy más que nunca, urge impulsar con más fuerza la reforma judicial ante una justicia sometida al poder político, con fiscales que son agentes persecutorios del gobierno y jueces subordinados al poder”.

Reforma judicial

La propuesta de reforma judicial vía referendo constitucional, presentada en septiembre de 2021, busca atacar de raíz la crisis de la justicia en el país, a fin de conseguir independencia e idoneidad de los operadores de justicia y fue cualificada a partir de los aportes de la sociedad civil. Actualmente, más de 200 personas, agrupadas en Comités Departamentales para la Reforma Judicial impulsan la propuesta a nivel nacional.

El 28 de julio de 2022 se presentó la propuesta final al Tribunal Supremo Electoral (TSE), instancia que, luego de realizar mejoras en la redacción de las preguntas, aprobó la impresión de libros.

“Una vez que saquemos los libros a las plazas, pasaremos la posta a la gente. Tenemos tres meses, para lograr 1,5 millones de firmas de adhesión. Esta es una causa concreta, estamos en el momento del ciudadano”, dijo Del Granado.

Aclaró que, en el lapso de tres meses, se debe recabar la adhesión del 20% del padrón electoral nacional último. Esos son 1.480.000 personas. Que debe estar integrado por el 15% del padrón electoral de cada departamento. 

El último paso es el control de constitucionalidad que debe realizar el Tribunal Constitucional Plurinacional respecto a que la propuesta de reforma no sea contraria a la CPE, en relación a los tres límites establecidos: no se puede cambiar la forma de gobierno o la forma de Estado, no se puede cambiar los derechos y garantías constitucionales y no se puede eliminar la primacía de la CPE. “Por supuesto no estamos haciendo ninguna de las tres cosas”.

Finalmente, la Asamblea Legislativa debería convocar a referendo. Si no lo hace en 30 días como dice la ley, en suplencia, el TSE deberá realizar la convocatoria a referendo a mediados de este año.

“Falta un camino muy complicado todavía que es este esfuerzo en el que estamos encaminados esta corriente de ciudadanos independientes por iniciar la transformación de la justicia, para defender nuestro propio sistema democrático. Vamos a seguir con esta batalla que esperamos se ha realidad a mediados de este 2023”, sostuvo.