El destino de Camacho estaba cantado. “Sobre nuestras conciencias se cargan el peso de la historia y del futuro. Los liwi liwis (débiles) se caen, tienen las piernas tembleques, viene el Camacho les grita y empiezan a correr. ¡No carajo! viene el Camacho y lo metemos a Chonchocoro a ese pendejo, eso tenemos que hacer compañeros y compañeras. Ese es nuestro horizonte”, sentenció Quintana el 19 de noviembre.

El hombre fuerte del gobierno de Evo Morales expresó esas exaltadas palabras en una conferencia que realizó en la Universidad Indígena Boliviana (Unibol) Quechua Casimiro Huanca, y en medio del paro que duró 36 días en Santa Cruz en demanda del censo para el 2023.

En esa ocasión también llamó “descerebrados” y “peones” a los parlamentarios del MAS que plantean la renovación al interior de su partido. En su arremetida afirmó que “dentro del MAS, dentro del gobierno hay oportunistas que están sacando la cabeza. A esos se les da un pesito y sacan la cabeza, se termina su pesito y bajan la cabeza. Eso es prebenda, corrupción”.

Quintana solo hizo un anuncio que el 28 de diciembre del año pasado se hizo realidad. A las 14:00 aproximadamente, Camacho, el líder que condujo las movilizaciones de 21 días en 2019, fue aprehendido en un operativo violento que incluso, de acuerdo a denuncias, hubo disparos.

El viernes 30 de diciembre, el juez octavo de instrucción en lo penal, Sergio Pacheco, en una audiencia de medidas cautelares, que duró ocho horas, dictó la detención preventiva del gobernador cruceño en la cárcel de máxima seguridad Chonchocoro.

El exministro de la Presidencia en una tenaz crítica a los que denominó “liwi liwis” dijo que a él no le tembló las piernas para detener al exgobernador de Pando Leopoldo Fernández, en Cobija, porque estaba “crucificando” y “masacrando” a los indígenas pandino.

“Cuando el comandante (de la Policía) ordenó parar el golpe de Estado ahí estuvimos en la trinchera, deteniendo a ese criminal, a ese canalla, traidor. Poniéndolo en la cárcel porque eso corresponde con aquellos que quieren colocar el puñal en la espalda del pueblo. Y eso no podemos permitir”, sostuvo.

El gobernador es investigado junto a la expresidenta Jeanine Añez y otras exautoridades en el caso denominado golpe de Estado I, por el delito de terrorismo, aunque esta figura penal según organismos internacionales es “ambigua”, la Fiscalía ha continuado con el proceso. Y el Gobierno dijo que es provisional.

La denuncia la planteó la exdiputada del MAS Lidia Patty en noviembre de 2020, en ese tiempo, por los delitos de conspiración, terrorismo y sedición porque presuntamente el 2019 se consumó un “golpe de Estado”. La Fiscalía después dividió de forma “irregular” el caso en “golpe I” y “golpe II” argumentaron en varias oportunidades la defensa de los implicados.

La sindicación y la investigación de la Fiscalía solo empezó después del retorno del Movimiento al Socialismo al Gobierno a la cabeza de Luis Arce. Antes, durante el gobierno de Añez el Ministerio Público no inició acciones de oficio, ni siquiera investigaciones, por el supuesto golpe.

El giro de la Fiscalía fue “insólito”, de acciones de persecución penal en contra de exautoridades y dirigentes del MAS pasó a abrir procesos a “diestra y siniestra” contra políticos, excívicos y exautoridades del gobierno transitorio.

Cuando se abrió el caso golpe I, Camacho había anunciado que no iba a escapar, que asumiría su defensa, es más, en dos oportunidades se presentó para prestar sus declaraciones. La última vez en Santa Cruz fueron los fiscales que suspendieron su declaración alegando amenazas.

El 30 de noviembre el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, en conferencia de prensa anunció la reprogramación de las declaraciones de los involucrados en el caso, entre ellos el de Camacho, sin embargo, tras su aprehensión apareció un mandamiento de aprehensión con fecha 31 de octubre.

La antesala a la detención de Camacho

Las declaraciones del exministro de la Presidencia no fueron el único antecedente antes de la detención de Camacho, las pugnas internas en el Movimiento al Socialismo y la casi nula relación entre el Gobierno fue otro detonante.

El expresidente Evo Morales acusó al Gobierno de tener un “pacto de impunidad” con los opositores, específicamente con Creemos y Comunidad Ciudadana, después que aprobaron en el Legislativo la Ley de Aplicación de los Resultados del Censo de Población y Vivienda.

Para Morales existe un manto de impunidad por las masacres de Senkata y Sacaba, sin embargo, los casos golpe I y golpe II, están vinculados a dar justicia por los muertos en 2019. El año pasado anunció una movilización exigiendo justicia.

“Ya habían decidido bloquear caminos, la semana pasada me reuní con su representante y les dije como sea pasen Navidad y Año Nuevo nos vamos a movilizar. Hay hijos de 18 y 19 años sin papá y no pueden estudiar ahora, hay heridos. Ya no es una cuestión humanitaria, ahora, se necesita justicia”, manifestó el líder del MAS, dijo el jefe del MAS el 18 de diciembre.

Ahondó su acusación después que la justicia determinó la libertad de los excomandantes Palmiro Jarjury y Gonzalo Terceros. El primero dejó la cárcel para asumir su defensa en libertad; el segundo tiene otro proceso por el caso “Armas argentinas” por eso no pudo salir con detención domiciliaria. 

“Advertimos junto a las víctimas de masacres y violaciones de Derechos Humanos del gobierno de facto, que el pacto de impunidad ha comenzado a cumplirse. Dos exjefes militares que perpetraron el golpe salen de la cárcel gracias a la manipulación de la justicia. Que el pueblo juzgue”, sostuvo el 17 de diciembre.

El domingo 25 de diciembre, Morales volvió a referirse al tema, reveló que el vicepresidente del MAS visitó al fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, para entregarle una carta observando el rezago en los casos de Senkata y Sacaba.

“Yo saludo que el Dr. Lanchipa ha recibido al vicepresidente del MAS-IPSP y qué había dicho en una reunión privada: ‘no me dejan desde arriba’ ¿Quién decide? ¿ministro de Gobierno, ministro Lima? ¿Que no dejan procesar?”, dijo Morales.

Tres días después, la Fiscalía a través de la Policía ejecutaba una orden de aprehensión del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho.