"Señor Vicepresidente, defenderme de acusaciones sin fundamento de quienes son responsables de daño al Estado no es hacer política, es enfrentar la maquinaria del Ejecutivo que tiene al Poder Judicial a su servicio" escribió el exmandatario en su cuenta de Twitter.

Mesa está a puertas de afrontar un juicio de responsabilidades por supuesto daño económico al Estado por la reversión de las concesiones a la empresa boliviana Non Metallic Minerals y su socia Quiborax cuando ejercía la presidencia de la República.

"Y por cierto, Vicepresidente, el monopolio de la política no lo tiene su gobierno. Como ciudadano tengo el derecho de hacer política como y cuando quiera, en el marco de la ley, sobre todo para combatir el autoritarismo de su régimen defendiendo el 21F", publicó en un segundo tuit en alusión a las declaraciones de García Linera.

“(Carlos Mesa) no es un político perseguido, es un político con delirio de persecución y figuración; una vez que estamos decidiendo que la Asamblea no tocará el juicio, no afectará su candidatura y que lo diga de frente y no utilice el juicio para victimizarse”, manifestó García en conferencia de prensa.

El Vicepresidente también es Presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional, que, según la ley de Juico de Responsabilidades, debe aprobar un juicio de responsabilidades por dos tercios. Ese Órgano del Estado es controlado por el MAS y tiene la llave para autorizar el juicio contra el vocero de la causa marítima después de que el Tribunal Supremo de Justicia validó la apertura del proceso.

Mesa, en un tercer tuit, justificó la reversión de las concesiones de ulexita en la costra salina del salar de Uyuni. "Y le respondo, aprobé el DS (Decreto Supremo) de expulsión de NMM (Non Metallic Minerals) amparado en la Ley 2564, usé el término revocatoria amparado en la ley 2341 y DS reglamentario 27113, arts. 51 y 59, y anulé las concesiones vía Superintendencia de Minas, amparado en el Código Minero".

El expresidente alegó que la reversión realizada en su gobierno es legal, pero la Procuradoría dice que ese proceso fue irregular por eso el Estado perdió el laudo arbitral iniciado por la empresa chilena Quiborax en el CIADI y endosó la responsabilidad a Mesa del pago de más de $us 42 millones.