El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, hizo conocer la tarde del miércoles, que se procedió a la “aprehensión” del Gobernador de Santa Cruz y el Ministerio Público mostró una orden de aprehensión firmada el 31 de octubre pasado, por el caso Golpe de Estado I.

Sin embargo, la Gobernación de Santa Cruz insiste en que se trató de un “secuestro” a una autoridad elegida, en el que, además, se empleó violencia desproporcionada, no se mostró la orden de aprehensión y se enmanilló a personas que no tienen nada que ver con este proceso.

El Ministerio Público hace énfasis en que se siguió los procedimientos legales para una “aprehensión”, mientras que cívicos y otras instituciones de Santa Cruz enumeran una serie de ilegalidades que se habrían cometido en el momento del “secuestro” de Camacho.

¿Cuán necesario era que los agentes encargados de la aprehensión de Camacho actuaran con violencia y con el uso de armas largas que se utilizan para combatir a mafias del narcotráfico? ¿Por qué no se mostró la orden de aprehensión en el momento del operativo? Esas son algunas de las preguntas que circulan y que cuestionan el accionar de la Fiscalía y la Policía boliviana.

Opositores al Gobierno aseguran que el presidente Luis Arce no calculó la reacción de Santa Cruz cuando, según ellos, instruyó la aprehensión de Camacho.

Tal era la confusión al conocerse las primeras publicaciones sobre la aprehensión de Camacho que muchos lectores pensaron que se trataba de una broma rezagada del Día de Inocentes, pero no era tal, porque Camacho era trasladado en helicóptero 20 minutos después de ser detenido.

Y tras la confirmación de la aprehensión, grupos de “autoconvocados” salieron a las calles, quemaron al menos siete inmuebles, se enfrentaron con la Policía en el Comando Departamental, tomaron los aeropuertos de Viru Viru y el Trompillo, empezaron a bloquear avenidas y carreteras con una exigencia, que se libere al Gobernador de Santa Cruz.

En las últimas horas, Camacho, tras abstenerse a declarar, aseguró que se siente “orgulloso” de haber “formado parte de la lucha más grande de la historia de Bolivia por la libertad y la democracia”.

Lo que se viene en adelante es responsabilidad del gobierno de Luis Arce y de las entidades cruceñas. Está en las manos de estos representantes que la violencia no escale y que no se reviva los 36 días de paro que perjudicaron sobremanera a todos los bolivianos. Es necesario encontrar una salida inteligente, legal y justa a este conflicto.