Casi una hora después, el juez octavo de instrucción en lo penal, Sergio Pacheco, dispuso la detención preventiva del gobernador cruceño, que deberá cumplir durante cuatro meses en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro por la supuesta comisión del delito de terrorismo en el caso denominado Golpe I.

El magistrado señaló que es con probabilidad autor del delito de terrorismo y leyó la justificación de la Fiscalía en la imputación. Pero determinó que no concurren riesgos procesales como domicilio, familia, pero sí de fuga. Aunque le dio presunción de inocencia en otras denuncias que hay en su contra, dijo que sí podría influir en otros implicados en el proceso.

Fuera de la FELCC, hubo un festejo de personas afines al Gobierno que hacían vigilia. En Santa Cruz los líderes cívicos dijeron que evaluarán este viernes la decisión judicial. Mientras se realizaba la audiencia, el departamento cruceño comenzaba un paro cívico de 24 horas, en protesta por la aprehensión violenta de su gobernador.

La decisión surgió pese a que la defensa reveló en la audiencia que Camacho tiene una enfermedad de base “incurable” y que debe recibir un tratamiento con suero una vez al mes. “Piense incluso en el bienestar del departamento de Santa Cruz de la Sierra, que Dios lo ilumine”, también dijo el abogado defensor, Martín Camacho, al juez.

La Fiscalía señaló que el 21 de octubre, tras las elecciones de 2019 “empezó a gestarse un presunto golpe de Estado en Bolivia, con la quema de tribunales electorales en diferentes departamentos del país” y sostuvo que un grupo de personas al mando de Luis Fernando Camacho el 5 de noviembre de ese año “llega a la ciudad de La Paz” y emite declaraciones a los medios en los que dice que logró evadir el bloqueo gracias al apoyo de policía y militares, “por lo que se presume que el golpe de Estado estaba en proceso con el objetivo de deponer a un gobierno electo constitucionalmente”.

Juan Carlos Camacho, defensor del Gobernador, lamentó que no se presentaron pruebas concretas, y se basó todo en recortes de prensa. “En qué parte de esta audiencia indicaron cuál es la prueba sobre cómo se planificó el supuesto golpe, no se sustenta la teoría de terrorismo”. Su colega Martín Camacho lamentó que con saña y violencia se hubiera llevado a La Paz a su cliente, para hacer una audiencia virtual que Camacho pudo atender en Santa Cruz.

Juan Carlos Camacho aseguró que hubo fraude en las elecciones de 2019 y que todo lo que su cliente hizo salió de un mandato del pueblo emanado de un cabildo. “Camacho fue sólo un mensajero, un orgulloso emisario de la democracia de este país”, dijo.

La Fiscalía responsabilizó a Camacho por el amotinamiento de la Policía. Explicó que con estos hechos “una vez que se logró dejar al Órgano Ejecutivo dirigido entonces por Evo Morales “sin la seguridad interna y a toda la población sin resguardo policial, tomaron la plaza Murillo custodiada por afines a Camacho, quienes formaron barricadas y no dejaban salir ni ingresar a nadie. Denuncia que todas estas movilizaciones se organizaban y dirigían por el hotel de la zona sur donde estaba hospedado el entonces presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz.

El 10 de noviembre, dijo el Ministerio Público, Camacho se trasladó en una patrulla de 110 hasta la Plaza Murillo, custodiado por policías civiles, ingresó al Palacio Quemado donde dejó una carta que recomendaba la renuncia al presidente Morales. La defensa replicó que el entonces ministro de Gobierno, Carlos Romero, fue quien proporcionó garantías a la seguridad de Camacho”.

“De la misma forma el Alto Mando Militar al mando del general Williams Kaliman, acompañado por otros jefes militares “deliberaron a las 16:34 de ese día” cuando el comandante en jefe de las FFAA (Kaliman) emitió un comunicado en el que también sugería la dimisión de Morales.

La Fiscalía aseguró que ese pronunciamiento suprimió, lesionó y contravino el mandado constitucional que señala que las FFAA no deliberan, con lo que se concretó “un presunto golpe de Estado liderado por Camacho. La acusación sostiene que Camacho usurpó funciones sin ser autoridad con competencia “para mandar a efectivos de las dos instituciones fundamentales de la patria”.

Todo esto, según la Fiscalía, se traducen en actos de terrorismo. Luego, los días 10, 11 y 12 de noviembre Luis Fernando Camacho, “con la finalidad de hacerse del Gobierno, envió a su representante Jerjes Justiniano, quien en una reunión que se realizó esos días en la Universidad Católica Boliviana, de La Paz “habría propuesto constituir un gobierno Cívico Militar, misma que no está contemplada en el orden constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia”. Con estos argumentos, la Fiscalía acusó a Camacho por el delito de terrorismo.

La defensa insistió en que todas las acusaciones se basan en subjetividades.

La Fiscalía pretendió que el juez defina en base al argumento de que Camacho no tiene un domicilio habitual y que eso le permitiría mantenerse oculto en el trámite de la causa”, dijo.

Martín Camacho respondió que eso es subjetivo. La Fiscalía, el 28 de junio lo notificó en su domicilio y él recibió personalmente. El 1 de octubre, lo volvieron a hacer, pero falta a la lealtad procesal, hablan de datos contradictorios. Los policías que lo secuestraron este jueves cerca de su casa sabían exactamente dónde vivía”. Lo cual fue validado por el juez.

Por otra parte, “presenta un amplio flujo migratorio a países como Brasil, Perú, Panamá, EEUU, Argentina, España, para lo cual hizo uso de diferentes pasaportes, así como una cédula de identidad, lo que se traduce en la facilidad que tiene para abandonar el país. Lo que hace recurrente este riesgo procesal”. Su defensa respondió que lo grave sería que vaya y no vuelva. “Siempre volvió”. La Fiscalía aseguró que tiene al menos cinco causas abiertas. “Cualquiera puede tener denuncias, pero eso no significa que sea culpable”, respondió su abogado. Incluso lo sindicaron como un riesgo, la violencia tras su aprehensión. La pregunta del abogado defensor fue: ¿cómo se adecúa todo eso al riesgo de fuga? La Fiscalía señaló como otro riesgo la presión contra otros implicados, y el juez coincidió.

En octubre de 2019 se realizaron elecciones nacionales y el cambio abrupto de los resultados del sistema de cómputo rápido TREP, sumado a un corte de energía en el Órgano Electoral provocaron dudas acerca de un fraude, lo que desencadenó un paro nacional de 21 días exigiendo la renuncia de Morales.

El entonces presidente y candidato, Evo Morales, convocó a peritos de la OEA para hacer una auditoría, cuyo resultado corroboró la manipulación de los resultados. Tras conocerse ese dictamen, Evo Morales renunció a la Presidencia, junto con el vicepresidente y titulares de la Asamblea Legislativa, dejando un vacío de poder, mientras la violencia se desataba en varias regiones de Bolivia.

Vigilia rodeó la Felcc en La Paz
 
“Estamos en la puerta de la FELCC, no nos dejaron ingresar los masistas, las organizaciones sociales, queríamos visitar como asambleístas y no nos permitieron. Miren la forma violenta cómo nos han reducido, pero nuestra firmeza sigue, luchando por la libertad de nuestro gobernador”, dijo a través de un video el senador de Creemos, Henry Montero.

Tanto él como los diputados Erwin Bazán, también de Creemos; Alberto Astorga, de CC, y otros, fueron también violentados y tuvieron que ser rodeados por los Policías para protegerlos de agresiones de grupos afines al MAS.

Un grupo de Ponchos Rojos instaló desde la mañana una vigilia en la puerta de la FELCC. Por la tarde, familiares de las víctimas de las masacres de Sacaba, Senkata y zona Sur exigieron la pena máxima para el gobernador cruceño Luis Fernando Camacho. Al son de “¡ahora es cuando, carajo!” y con ataúdes simbólicos se dieron cita en las puertas de la FELCC de La Paz.

Otro grupo que se plegó a la protesta fue el comité impulsor del Juicio contra los golpistas, que también estuvieron en la vigilia.

Los sectores rodearon la FELCC durante todo el desarrollo de la audiencia cautelar. Habían anunciado de que si es que el fallo era negativo no permitirían la salida a la autoridad cruceña. Una vigilia similar se registró en el edificio del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, pero exigiendo la libertad del Gobernador.

HECHOS

RECHAZO

El juez 8vo de Instrucción en lo Penal de La Paz, Sergio Pacheco, rechazó los tres incidentes que plantearon los abogados del gobernador Luis Fernando Camacho e inició la audiencia de medidas cautelares por el caso ‘golpe de Estado I’.

DECISIÓN

Pese a la violencia ejercida, en que la orden había salido hace dos meses y se ejecutó el martes, y a que la defensa señaló que el gobernador Camacho siempre acudió a los llamados de la Fiscalía, la autoridad judicial determinó que la “aprehensión de Camacho fue legal”, pese a que la defensa del imputado dijo que fue realizada durante las vacaciones judiciales incumpliendo así la circular N° 19 de 2022, que prohíbe las ejecuciones de aprehensiones por delitos penales.