La determinación de la autoridad jurisdiccional se conoció a la 1:30 de hoy, viernes, a la conclusión de una audiencia virtual que se extendió por cerca de siete horas.

Por la mañana, la Fiscalía imputó a la autoridad cruceña por el delito de terrorismo y demandó su detención preventiva por seis meses, en la cárcel de Chonchocoro, por existir riesgo de fuga y obstaculización.

En la audiencia, la denunciante Lidia Patty, a través de su abogado Jorge Nina, el representante de la Procuraduría General del Estado (PGE), Kaleff Clemor, y los tres miembros de la comisión de fiscales, entre ellos Omar Mejillones, coincidieron en la detención preventiva por seis meses.

En cambio, los abogados del Gobernador, Juan Carlos y Martín Camacho y Carlos Ledezma, pidieron la liberación de la autoridad departamental en medio de denuncias de vulneración de derechos humanos.

El juez Pacheco, sin embargo, decidió una detención preventiva de cuatro meses mientras se investiga el caso referido a la crisis política de 2019.

El abogado de la PGE responsabilizó a Camacho de presionar a Morales para que renuncie a la presidencia en noviembre de 2019 e incidir en las Fuerzas Armadas para que actúen contra el mandatario. Tales hechos, aseguró, prueban la autoría del delito de terrorismo.

La comisión de fiscales argumentó riesgos procesales como la no tenencia de un domicilio habitual y una familia, lo cual podría obstaculizar las investigaciones.

“El 21 de octubre de 2019, con el móvil de llegar al poder, el sindicado Fernando Camacho junto al candidato Carlos Mesa manejaron un término planificado con la finalidad de general zozobra tras la denuncia de fraude electoral y así convulsionar a personas allegadas a Camacho y a (Carlos) De Mesa”, agregó el abogado de la acusadora Patty.

La aprehensión del gobernador fue señalada como ilegal porque fue realizada durante las vacaciones judiciales, incumpliendo la circular N° 19 de 2022, que prohíbe la ejecución de aprehensiones por delitos penales, argumentó por su parte, el abogado Martin Camacho, quien además denunció la vulneración de los derechos de su defendido.

Cuestionó a la Fiscalía y a la parte denunciante por no demostrar los riesgos procesales ni la probabilidad de autoría. 

EL MENSAJE DE CAMACHO

Al finalizar la audiencia, Camacho tomó la palabra. “A mi pueblo que me eligió como su Gobernador y a todos los bolivianos que lucharon contra el fraude, les digo que nunca me voy a rendir", dijo. 

Justificó su actuar en 2019 y su compromiso actual porque "esta lucha es por la democracia,  una lucha por Bolivia". Apuntó al MAS como responsable de su detención y la violencia en el país.  

"No dejemos que el masismo imponga una dictadura como en Venezuela y Cuba”, apuntó el Gobernador y culminó con un "Dios ilumine a su autoridad y a todos lo que están en este momento conectados".

El juez Pacheco dictó un breve receso para preparar su fallo, el cual se leyó a la 1:30.

Las partes anunciaron la apelación a la determinación del juez. La defensa de Camacho expresó su desacuerdo por el rechazo a su solicitud de libertad, en tanto que la parte acusadora, fiscales y representantes del Gobierno insistieron en los seis meses de detención preventiva.  

Mientras el paro cívico y los bloqueos de carreteras comenzaban en Santa Cruz, según el dictamen de la Asamblea de la Cruceñidad asumida a mediodía, un grupo de activistas del MAS celebraba la decisión de la justicia en puertas de la Felcc en La Paz, desde donde Camacho participó de la audiencia virtual.

 El coordinador del Comité Impulsor del juicio contra Jeanine Áñez, Aldo Michel, entrevistado por el canal estatal, señaló que el caso Golpe de Estado no quedará impune y que la detención por cuatro meses “es un primer paso” para avanzar en el juicio contra Camacho y otros sindicados como Carlos Mesa, Tuto Quiroga y Samuel Doria Medina.