A las 17.00 de la pasada jornada se instaló la audiencia de medidas cautelares de Camacho y concluyó luego de las 01.00 de este viernes. Poco después, al promediar las 02.35, la autoridad departamental fue sacada de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen de La Paz rumbo al penal de máxima seguridad de Chonchocoro, municipio de Viacha del departamento de La Paz.

Chamacho es procesado dentro del caso “golpe de Estado I” que investiga el delito de terrorismo tras la crisis política del 2019. La denuncia fue presentada por la exdiputada del Movimiento Al Socialismo Lidia Patty contra la expresidenta interina Jeanine Áñez; los exministros Arturo Carlos Murillo Prijic, Yerko Martín Núñez Negrette y Fernando López; además del entonces líder cívico Luis Fernando Camacho Vaca y su padre, José Luis Camacho Parada. Inicialmente, la denuncia pedía juzgar a los acusados por los delitos de sedición, conspiración y terrorismo, pero este año desahució los dos primeros delitos.

Camacho fue detenido un día después de brindar su mensaje de fin de año donde anunció que en el 2023 impulsará el federalismo para acabar con la “pandemia del centralismo” que, según él, frena el desarrollo de las regiones.

“Este 2023, desde Santa Cruz, vamos a impulsar el camino federal. Queremos un federalismo para unificar Bolivia. Un federalismo con nueve departamentos fuertes, nueve departamentos que se ayuden como hermanos. Queremos un federalismo con trabajo con justicia y con oportunidades para todos. Un federalismo para que el MAS respete nuestro modo de ser camba y respete el modo de ser de cada departamento”, sostuvo Camacho en su mensaje difundido el martes.

Pasado el mediodía del miércoles, Día de los Santos Inocentes, un operativo policial irrumpió el tránsito del gobernador cuando se dirigía a su domicilio, luego lo trasladaron al departamento de La Paz vía aérea para que preste su declaración informativa, pero decidió acogerse a su derecho al silencio.

La pasada jornada, el fiscal Omar Mejillones, a cargo de la investigación, presentó la imputación formal en el que alegó que la autoridad departamental “no tiene un domicilio habitual”, por lo que anticipó que pedirá al juez seis meses de detención preventiva en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro.